Introducción

Esta investigación se enmarca en el periodo en el que las aguas superficiales y subterráneas de la república mexicana pasaron a manos del Estado; este proceso de legislación, administración y control, que le confirió el estatus de "usuario privilegiado de las aguas" (Aboites et al. 2010, 27), se define como centralización/"federalización" o nacionalización de las aguas (Aboites 1998, 11-14). El concepto de federalización es opuesto al de federalismo, porque lejos de propug nar por la autonomía de los gobiernos estatales, acota su libertad y los debilita (Aboites 1998, 11).

El proceso de federalización se inició en 1888 en el contexto de la Ley sobre Vías Generales de Comunicación. En ella se sometieron a la jurisdicción del gobierno federal los cuerpos y corrientes de agua principales (Aboites 1998). El supuesto subyacente, de acuerdo con el Senado de aquella época, era "la necesidad de crear una autoridad superior a los estados para que ejerciera una vigilancia"; en este caso, el Estado (Aboites et al. 2010).

Entre 1900 y 1910, el gobierno federal puso en práctica acciones legales para establecer su dominio pleno sobre las aguas superficiales y subterráneas. En el artículo 27 de la Constitución de 1917 se legisló que las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio de México eran propiedad de la nación. Sin embargo, a partir de entonces, el gobierno federal tuvo un papel fallido en la administración recién adjudicada; algunos ayuntamientos continuaron siendo figuras clave en la distribución y el control del agua (Aboites 1998); en otros lo serían empresas privadas o los propios usuarios (Mendoza 2007).

Entre las razones para centralizar el control del agua se pueden citar las siguientes: a) el surgimiento de tecnología nueva ligada a los usos del agua, cuya inversión corrió a cuenta de empresarios y del gobierno, así como los descubrimientos científicos en torno a la salud humana, que implicaban medidas higiénicas novedosas, para evitar la mortandad infantil y b) la economía relacionada con los intereses privados, y el papel determinante del Estado en las asignaciones (Aboites et al. 2010, 27).

Durante el siglo XX, además de modificar el marco legal para conseguir el control de las aguas superficiales y subterráneas, el gobierno federal propició la generación de instituciones para regular las fuentes hídricas, entre ellas la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, así como la Comisión Nacional de Irrigación (Aboites et al. 2010, 35-36); además del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BN-HUYOP), que permitió la asignación de créditos para la construcción de infraestructura en ciudades y municipios, y así tener injerencia directa en la vigilancia de los recursos económicos asignados, en la inspección de las obras materiales y en el control de las fuentes de agua que abastecían a la población del país (Birrichaga 1997, 108-109). También fomentó el robustecimiento de la hacienda del Estado, para invertir en obras públicas de gran alcance (Aboites et al. 2010, 41).

Hubo instituciones constituidas en otros periodos, como la Junta Federal de Mejoras Materiales, establecida en fronteras y puertos (Serra 2015) que, si bien estaba encaminada a lograr otros objetivos, también contribuyó a la centralización. Su finalidad era mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas del litoral mediante la construcción de obras materiales, como las redes hidráulicas y de saneamiento.

El gobierno federal administraba las juntas federales de mejoras materiales, que disponían de un recurso especial, trasferido por las aduanas (Bustillos 2008; Santiago 2013a; 2013b; Serra 2015), encaminado al desarrollo de obras; cuando los fondos eran insuficientes, tenían la prerrogativa de solicitar préstamos al BNHUYOP.

Las juntas fueron fundamentales para trasferir el control de los recursos hídricos al gobierno federal. Se había considerado que los integrantes de los cabildos locales fueran una parte activa en el organismo, pero que no desempeñaran un papel clave en la toma de decisiones, porque eso dependía del Estado.

Antes de la llegada de la Junta, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez se encargaba del abasto, la administración y la distribución de los recursos hídricos. Entre sus funciones estaba dotar de agua a las poblaciones y dirimir los conflictos entre los usuarios, además de la construcción de acequias, acueductos, canales y fuentes públicas (Lipsett-Rivera 1993; Iracheta 2007; 2001). Esto, independientemente de satisfacer las demandas de agua de la población (Alfaro-Rodríguez 2013), regular la distribución desigual o resolver el deterioro de las redes hidráulicas y las fugas (Romero 1999, 135), que en su mayoría fueron heredados de la época colonial (Gómez 2010, 189).

La administración de estos recursos no siempre estuvo a cargo de los ayuntamientos. En algunos casos, durante el virreinato y hasta el siglo XIX, dicha función correspondía a las órdenes mendicantes. Esa situación se modificó gracias a la intervención del gobierno, que fortaleció el papel de los cabildos locales en el control del agua, en Toluca se aprecia un ejemplo de ello. Dicho cambio trajo consigo beneficios para la población, debido a que "las obras emprendidas por el municipio conllevaron la introducción de innovaciones tecnológicas y la creación de infraestructura para hacer efectivo el servicio" de abastecimiento de agua (Iracheta 2007, 57).

Uno de los objetivos del gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, fue modernizar las ciudades con la construcción de obras materiales, como las del municipio de Veracruz que fueron hidráulicas. No obstante, se sabe que por ser insuficientes generaron quejas entre los pobladores, poco tiempo después de su conclusión (Ronzón 2007, 122).

Los ayuntamientos de Torreón, Mérida, San Luis Potosí, Parral, Villahermosa, Monterrey y Tampico (Aboites 1998) fueron incapaces de satisfacer la demanda de agua de los pobladores o de desarrollar obras hidráulicas, y trasfirieron la administración de los recursos hídricos a empresas privadas, las que recibieron ciertos privilegios del Estado. Hortensia Camacho señala que "una constante en la explotación hídrica de México durante el porfiriato fue otorgar concesiones con amplios privilegios para hacer atractivas las inversiones privadas en el ramo" (2007, 128). Sin embargo, esas empresas fueron perdiendo su capacidad de respuesta ante las demandas de la población. Quizá por ello la administración volvió a los ayuntamientos y después al gobierno federal (Birrichaga 1997; Camacho 2001; González 2011).

El siglo XX llegó con cambios notables en cuanto a la intervención del gobierno federal en el control de los recursos hídricos, quizá porque el agua representaba una herramienta de poder y un agente de cambio social, político y económico (Aboites et al. 2010, 29). El proceso no fue homogéneo ni causal. En algunos casos, a pesar de la nacionalización, pervivieron los sistemas tradicionales de distribución en los poblados (Palerm y Martínez 1997; Mendoza 2007; Aboites et al. 2010); hubo ayuntamientos que opusieron resistencia, pero otros lo aceptaron sin objeciones (Mendoza 2013).

El Cabildo de Ciudad Juárez se opuso a la intervención del gobierno federal, debido a que con ello perdía su libertad para administrar los recursos hídricos propios, resolver conflictos entre usuarios, generar obras hidráulicas y manejar los fondos designados al rubro del agua.

En esta investigación se analizaron, entre otros, los puntos siguientes: a) la intervención del Estado en el proceso de centralización de los recursos hídricos del país y el debilitamiento de la hacienda local de Ciudad Juárez, por medio de la Junta Federal de Mejoras Materiales, el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); b) las circunstancias de la transición del carácter local al nacional de las aguas, en el contexto de la resistencia del ayuntamiento y de otros actores y c) los cambios materiales y políticos que trajo consigo la intervención de la Junta. Las fuentes empleadas para llevar a cabo el análisis fueron los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez (AHMCJ) y del Archivo Histórico del Agua (AHA).

Las herramientas del gobierno federal

El antecedente de la Junta Federal de Mejoras Materiales en las fronteras y los puertos se sitúa a finales del siglo XIX. El 28 de mayo de 1881 se estableció un impuesto de 2 por ciento sobre los derechos de importación, para construir obras en los puertos, y después se ordenó que el dinero recaudado se entregara a los municipios (Serra 2015, 773-774). En 1920, cuando concluyó la revolución, se volvió a instituir el gravamen sobre las exportaciones y las importaciones, se dispuso que las autoridades municipales administraran los fondos y que los emplearan en las obras materiales para el beneficio de las poblaciones (Serra 2015).

Hay evidencias de juntas anteriores, y de algunas más que surgieron a la par de la Junta Federal de Mejoras Materiales en las primeras décadas del siglo XX. Al respecto, Birrichaga señala que las juntas para administrar y distribuir el agua se originaron en la época virreinal, con base en la normatividad proveniente de España (2007, 207). Además, se pueden localizar otras como la de Monterrey, Nuevo León, constituida poco antes de finalizar el siglo XIX, como un órgano local y descentralizado del gobierno federal (Pérez 2011).

Los regímenes posrevolucionarios retomaron la idea de las juntas para que coadyuvaran con el control de los recursos hídricos en diferentes lugares de México. La Junta Federal de Mejoras Materiales se instituyó en el mismo periodo que la Junta de Aguas, y tienen similitudes y diferencias en cuanto a su constitución y deberes, así como en las funciones que cumplían y la manera de desempeñarlas.

Sandra Rosario Jiménez plantea que el concepto de junta de aguas apareció "con la promulgación de la Ley de Aguas de propiedad nacional, el 30 de agosto de 1934" (2013, 224). Su finalidad era asistir al gobierno federal en la administración y el control de los recursos hídricos; funcionaban en lugares donde había corrientes de agua de las que se abastecían diversos grupos de población.

Las juntas estaban constituidas por "usuarios autorizados por la Secretaría de Agricultura y Fomento" (Jiménez 2013, 224), considerados agentes federales; sus tareas eran vigilar, cuidar, arreglar y generar obras hidráulicas, formular presupuestos de ingresos y egresos, manejar los fondos económicos, y notificar a la Secretaría de Agricultura sobre la forma en que operaban las obras.

En el mismo periodo, el gobierno federal decretó que los ayuntamientos debían conformar una junta para localidades de menos de cinco mil habitantes. Además de abastecer y administrar los recursos hídricos, debían reclutar a los empleados para realizar las obras, cobrar las cuotas y "ejercer coacción sobre los beneficiarios morosos, incluso podían embargar y rematar los bienes confiscados" (Birrichaga 2007, 207). Las juntas estaban integradas por un miembro del cabildo local, vecinos del poblado y un representante del BNHUYOP, con amplia autoridad sobre los bienes y los trabajos.

Había diferencias notables entre las juntas de mejoras materiales y las de aguas; las primeras dependían del gobierno federal, contaban con recursos económicos que provenían de las aduanas locales, podían solicitar préstamos directamente al BNHUYOP y, con autorización de la SHCP, construir obras públicas y promover el establecimiento de hospitales y escuelas en donde fuera necesario (AHMCJ, Fondo Reconstrucciones FC, Sección Gobierno SG, Subdirección Presidencia Municipal SPM, caja 8). En contraste, las segundas dependían de los gobiernos locales y sus haciendas, lo cual limitaba sus capacidades y margen de acción.

Por otro lado, la similitud principal era el papel que tenían en la administración y el control de los recursos hídricos, así como en el desarrollo de las obras hidráulicas, además de la manera en que estaban constituidas, pues entre sus integrantes había un representante del gobierno federal.

En resumen, las juntas sirvieron como herramienta para que el gobierno federal pudiera intervenir en el control de los recursos hídricos en diferentes escenarios. En todos los casos tenían que rendir cuentas a dependencias federales y exponer los pormenores de la administración de los recursos económicos, materiales y naturales. Estos órganos representaron una forma de debilitar las funciones de los ayuntamientos en el rubro del agua y las haciendas locales.

En algunos lugares las juntas asumieron el control de las obras públicas y la administración del agua, y desplazaron a la autoridad de los cabildos. Ello provocó la inconformidad de los integrantes de los ayuntamientos y de algunos actores sociales, como sucedió en Ciudad Juárez.

La Junta Federal de Mejoras Materiales

En 1924, durante la presidencia de Álvaro Obregón, se instituyó la figura de la Junta Federal de Mejoras Materiales.¹ El planteamiento original fue que se estableciera en las zonas fronterizas y en los puertos, pero parece ser que también se situó en otros lugares; su función era recaudar el impuesto de 2 y 3 por ciento por importación y exportación, para destinarlo a realizar obras de beneficio colectivo (Santiago 2013b, 21-22).

En la década de 1930 se modificó la ley orgánica relativa al funcionamiento de las juntas; en el reglamento se señalaba que dependían de la SHCP, la que debía aprobar cualquier obra que pretendieran llevar a cabo. Asimismo, estaban obligadas a presentar el programa de los proyectos, el presupuesto, los planos y las especificaciones. Además, los fondos provenientes de los impuestos por importación y exportación debían pasar al gobierno federal. Al respecto, se mencionaba: "Las Juntas [...] recogerán de las Aduanas respectivas las participaciones que les correspondan [...] debiendo depositar dichos fondos en la Sucursal del Banco de México".² Con ello, los ayuntamientos dejaron de controlar esos recursos.

En cuanto al funcionamiento de la Junta Federal de Mejoras Materiales en Ciudad Juárez, "desde su creación los diversos presidentes mantuvieron una relación sin conflicto con los diferentes alcaldes y los líderes de organismos empresariales y gremiales de la ciudad" (Santiago 2013b, 25; Bustillos 2008, 57). Para los años cuarenta, las autoridades municipales habían encontrado la forma de tener mayor representación e influencia en dicho organismo, en contraste con las tensiones y los conflictos de la década anterior, suscitados entre éste y las autoridades del cabildo e incluso con los actores locales.

De acuerdo con la ley orgánica de las juntas, los representantes debían formar parte de las localidades donde se establecían; provenían de diferentes áreas económicas y políticas. Entre los actores considerados para conformarlas estaban el jefe de la aduana marítima o fronteriza, quien tenía el cargo de presidente; un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que fungía como secretario; el presidente municipal, como vocal, y un integrante del comercio y la industria, como tesorero. A pesar de que las autoridades del ayuntamiento no estaban del todo excluidas, tenían un cargo menos representativo, pero igual de influyente.³

Entre las prioridades de los gobiernos posrevolucionarios estaba dotar de agua a la población y centralizar el control de los recursos hídricos; quizá por ello se señalaba en el reglamento que las obras materiales se debían realizar "siguiendo para su ejecución el mismo orden que aquí se establece".⁴ En primer lugar se indicaba la construcción de redes hidráulicas y, en segundo, el saneamiento.

Las juntas tenían la obligación de regresar al municipio la infraestructura construida durante su administración, y "cuando haya sido totalmente cubierto el valor de las obras realizadas por las Juntas […] podrán pasar a ser administradas por el Municipio correspondiente".⁵ En algunos casos ese proceso se prolongó varias décadas, como sucedió en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez a principios de 1930

En los años treinta surgieron conflictos que el gobierno municipal de Ciudad Juárez tuvo que enfrentar, como recibir al gran número de repatriados provenientes de Estados Unidos. Debido a la inestabilidad económica, las autoridades estadounidenses locales y federales optaron por ceder a los nativos los empleos que tenían los extranjeros (Alanís 2015).

Para 1933, en el contexto de la crisis mundial, la economía también fue amenazada por la disminución del turismo procedente de El Paso, Texas, lo que incidía directamente en la derrama económica. Entre los lugares de diversión visitados, de forma regular, que resintieron más los efectos fueron el Central Café, el Lobby 1, el Lobby 2, el Waterfill Garden, el Río Grade Bar, la Cervecería Juárez, la Fábrica de Sodas La Popular y la Cafetería La Tropical.

En esa época, en Ciudad Juárez se establecieron algunas empresas que se convirtieron en fuente importante de empleos, entre ellas una "fábrica de semilla de algodón, cervecería, de wiskey [sic], de escobas, de hielo, de manteca compuesta, de media y calcetines, de sodas, de ropa hecha de mezclilla y un molino de café".⁶ Además, se abrieron algunos negocios, como la venta de curiosidades, los restaurantes y los hoteles, así como dos destilerías. Aunque la siembra de algodón recibió un impulso importante (Santiago 2013a, 127), no eran suficientes las oportunidades laborales para los locales ni para los repatriados.

El gobierno local implementó algunas iniciativas para alentar el regreso de los visitantes (Flores et al. 2010); se remodelaron las fachadas de las casas y se demolieron las construcciones viejas. Además, se les solicitó a los habitantes que limpiaran con frecuencia el frente de sus viviendas, se trazaron calles nuevas y se ampliaron y pavimentaron avenidas.⁷

Los connacionales repatriados entre 1930 y 1931 arribaron a Ciudad Juárez, Nogales y Nuevo Laredo (Alanís 2012; 2005). Texas y California fueron las entidades que expulsaron más migrantes. El Estado mexicano creó apoyos para que, con la mediación de los consulados de Texas, California, Illinois y Michigan (Alanís 2012), los migrantes fueran trasladados por ferrocarril a sus lugares de origen.

Casey Walsh (2010, 149) indica que el regreso se inició en 1928, un año antes de la crisis. El proceso de repatriación tuvo varias etapas; el momento más álgido de deportación correspondió a la tercera década del siglo XX: en 1930 se expulsaron 70 127; 138 519, en 1931; 77 453, en 1932; 33 574, en 1933 y 33 574, en 1934. A partir de entonces el flujo comenzó a bajar (Alanís 2012).

Otro apoyo estatal para los repatriados fue integrarlos a la agricultura (Alanís 2015, 1700), pues se consideraba que tenían la experiencia y el conocimiento necesarios para fomentar el desarrollo agrario del país. Las políticas nacionales en este sentido estaban encaminadas a incrementar la productividad del campo por medio de "la apertura de nuevas tierras de cultivo" (Moreno 2006, 63) y la creación de grandes obras de infraestructura hidráulica.

Por ejemplo, en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se desarrollaron proyectos de irrigación (Walsh 2010; Alanís 2015). No obstante, en esos lugares resultó escaso el impacto de los recién llegados que se dedicarían a la agricultura (Alanís 2015, 1704). También se elaboró un plan para instalar colonias de repatriados en Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán; sin embargo, la mayor parte de ellos regresaron a sus lugares de origen para estar con familiares y amigos (Alanís 2012). Los que no pudieron o no quisieron volver al centro y al sur del país se quedaron en las fronteras, donde no había espacio ni las condiciones apropiadas para brindarles vivienda y trabajo, como ocurrió en Ciudad Juárez. A pesar de que el gobierno federal hizo todo lo posible para reintegrarlos a su lugar de origen, con el fin de evitar problemas sociales y económicos (Alanís 2005), muchos decidieron quedarse en Ciudad Juárez con la expectativa de volver a ingresar a Estados Unidos. Prueba de ello es que, de acuerdo con las estadísticas de la época, el volumen de habitantes pasó de 19 mil a 40 mil entre 1921 y 1930. Por lo tanto, fue uno de los puntos que tuvo mayor crecimiento de población en esa década (Garza 2002).

Respecto de la organización para recibir a los migrantes, en los años veinte, en el centro de la ciudad se comenzó a dibujar una zona de transición donde predominaban las casas en proceso de deterioro, combinadas con un espacio destinado a empresas incipientes, lugares de diversión y comercio (Santiago 2013a, 127). Para la década siguiente, la localidad -y quizá la composición del espacio físico- modificó su apariencia, debido a los negocios que se establecieron y a los cambios generados gracias a la intervención de los gobiernos federal y estatal.

Si bien había electricidad y alumbrado público, Ciudad Juárez carecía de la infraestructura urbana necesaria para recibir a grandes contingentes. Por ello se concentraron en una gran área que no gozaba de estos servicios. Algunas zonas se inundaban en época de lluvias, y no existían lugares públicos ni privados para vivir, por lo que esta población se veía obligada a pernoctar en las calles, por lo que éstas se llenaron de indigentes y desempleados, o a refugiarse en casas abandonadas.⁸ Según una estadística de 1933, el índice de desempleo de enero a diciembre fluctuó entre dos mil y tres mil habitantes.⁹ Esta situación se sumaba a las dificultades y desavenencias existentes entre la localidad y el Estado, por la instalación de la Junta Federal de Mejoras Materiales, que tanta inconformidad había provocado entre los integrantes del cabildo local.

La transición del agua de Ciudad Juárez al gobierno federal

La Junta Federal de Mejoras Materiales participó en la transición del servicio de abasto y desalojo de agua, manejados por el municipio y los usuarios, al gobierno federal (Aboites et al. 2010, 23-27), lo cual marcó la exclusión de las autoridades locales en la administración de los recursos hídricos. Sin embargo, esto no implicó que quedaran al margen de influir en las decisiones que tomaba la junta, pues entre sus integrantes el presidente municipal fungía como vocal. Él era un actor clave dentro de dicho órgano, pues podía presentar iniciativas de proyectos, vigilar la contabilidad de las juntas, asistir a las reuniones y emitir un juicio razonado en caso de estar en contra de la forma como estaban realizando su trabajo.

La trasferencia se inició en 1931, y concluyó el 28 de julio de 1933; el traspaso se prolongó porque las autoridades municipales estaban en desacuerdo, sin embargo, tuvieron que acatar la orden del gobierno del estado.¹⁰

El Congreso del Estado de Chihuahua le solicitó a la Junta Federal de Mejoras Materiales que le presentara un proyecto de contrato al gobierno de Ciudad Juárez, en el cual se expusieran las condiciones bajo las cuales se iba a recibir el servicio del agua, así como las obras que desarrollaría en su administración.

Los representantes de la junta propusieron su proyecto el 8 de enero de 1932. El cabildo respondió "que el traspaso debe llevarse a cabo en las condiciones más favorables para el Municipio y que en vista de lo poco explícito del proyecto del contrato presentado"¹¹ se negaban a aceptar la negociación, quizá para retrasarla.

Quedó acordado que la entrega se haría durante la sesión ordinaria siguiente del cabildo, pero sin incluir los activos. Además, solicitaban que se cediera al ayuntamiento una parte de las recaudaciones por el cobro del servicio,¹² pero este acuerdo tampoco se concretó debido a la desigualdad de las condiciones.

Trascurrió un año más antes de que el gobierno municipal se viera forzado a proceder conforme a la ley, pues para entonces ya había una orden emanada de la SHCP, y enviada por medio del gobierno del estado en un oficio del 27 de abril de 1933. El documento señalaba que:

Con fecha 23 del corriente esta junta recibió la aprobación [...] para que se procediera a efectuar la entrega de la Planta de abastecimiento de aguas por parte del Municipio que usted dignamente preside, debiendo la misma Junta entregar la suma de $1,000.00 (mil pesos) mensuales [al ayuntamiento] de las utilidades que se obtienen del manejo de la referida Planta.¹³

Una de las razones por las que quizá el ayuntamiento retrasó la entrega fue el volumen de recursos económicos que destinaba a ese rubro. De acuerdo con el informe, los activos ascendían a "250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) más lo que mensualmente se vaya recaudando por concepto de 2 y 3 por ciento" en la aduana,¹⁴ impuesto que manejaba la hacienda local. Hubo ayuntamientos que recibían fondos por administrar los recursos hídricos, que también opusieron resistencia a la intervención del gobierno federal (Mendoza 2013).

En 1934, cuando la Junta Federal de Mejoras Materiales asumió el control de los recursos hídricos colocó en la mesa de discusión la posibilidad de que se realizara un programa integral y amplio, para solucionar los problemas relacionados con el abastecimiento del agua en la ciudad. El proyecto aparentemente se iba a llevar a cabo por medio de un crédito del BNHUYOP. Fue por ello que el jefe del cabildo se negó argumentando que "en un principio consideraba que el contrato de abastecimiento de agua de la ciudad sería ruinoso para la misma en vista de las cantidades enormes que solamente por concepto de intereses debían pagarse".¹⁵ Los integrantes del ayuntamiento pensaban que el pago de los intereses de las obras iba a salir de los recursos municipales, pero era un temor infundado, pues el desembolso provendría del impuesto aduanal de 2 y 3 por ciento.

Al final, la SHCP aprobó la firma de un contrato definitivo para el establecimiento de redes hidráulicas y de saneamiento en la ciudad, a pesar de la oposición del cabildo local. El proyecto se atrasó debido a que el contratista debía "resolver las condiciones fijadas por esa misma Secretaría" antes de signar el convenio.¹⁶

Meses antes de la firma del contrato, la junta decidió realizar algunas obras de reparación en las redes hidráulicas que, desde su perspectiva, iban a ser permanentes y a servir para cualquier contrato que se aprobara "en lo referente a la instalación definitiva de la red hidráulica".¹⁷ Pero, el presidente municipal y los integrantes del cabildo no estaban de acuerdo con esas inversiones parciales, porque las consideraban esfuerzos infructuosos que agotarían los fondos.

Sin escuchar las objeciones, la junta obtuvo la autorización de la SHCP, pero los fondos fueron insuficientes porque se tuvieron que realizar labores no consideradas en el presupuesto. Por tanto, se tuvo que solicitar a dicha secretaría un permiso para erogar "hasta la cantidad de diez mil pesos para la compra y reparación de algunas válvulas de las tuberías de agua",¹⁸ para cubrir el monto de las obras faltantes. A pesar de que el presidente municipal se opuso, la moción fue aprobada.¹⁹

Durante los arreglos, algunos pobladores se quejaron ante las autoridades porque estaban siendo perjudicados.²⁰ Se efectuó una sesión extraordinaria para discutir la solución del problema, y el presidente municipal indicó que el papel del ayuntamiento era velar por el bien de los habitantes, por ello el municipio "debe intervenir ante quien corresponda por la forma en que se viene llevando a cabo la instalación y acondicionamiento de las cañerías de los servicios de agua [...] bajo la administración de la Junta".²¹ Al final llegaron a dos resoluciones: a) que el presidente municipal llamara a una reunión a los integrantes de la Junta, con el objetivo de exponer la posición del ayuntamiento respecto de la realización de las obras y b) que se comisionara al regidor de obras públicas, al ingeniero de la ciudad y a un experto en plomería para que hicieran una inspección, con la autorización de los miembros. El funcionario se valió de la autoridad que tenía como vocal para: "Emitir por escrito su voto particular razonado, en caso de inconformidad con la forma como se lleven a cabo los trabajos que ejecuten las Juntas",²² basado en el informe que presentaron los encargados de la revisión. Además, como lo indicaba la ley orgánica, propuso una reunión para exponer la postura respecto de las obras. Cuando la sesión estaba por terminar, señaló que el "H. Ayuntamiento de esta ciudad al cual represent[o], desea se emprendan cuanto antes las obras definitivas de abastecimiento de agua en esta población".²³ Después externó que se habían recibido muchas quejas de los pobladores, e hizo del conocimiento de la Junta las deficiencias de las obras; asimismo interrogó al encargado de éstas, quien no pudo negar las acusaciones que se le hacían. En su defensa, planteó que eran trabajos provisionales, los cuales se iban a remediar cuando se recibieran nuevos fondos. El presidente añadió que "no quería que [la] actitud del Ayuntamiento se tomara como una oposición sistemática a los trabajos de la Junta",²⁴ pero que con cualquier obra parcial que se realizara no se solucionarían los problemas. Era necesario renovar las redes hidráulicas y mejorar el sistema de aprovisionamiento de agua. Al final advirtió que el municipio no estaba dispuesto a aprobar obras parciales, porque esas soluciones iban a ir agotando los fondos que administraba la Junta, y admitió que había enviado requerimientos a la SHCP, para oponerse a la forma de construir las obras, pues se estaban malgastando los recursos económicos. La respuesta fue que la institución no estaba dispuesta a modificar sus criterios.

A pesar de que en un principio las autoridades municipales se negaron a emprender obras definitivas, su postura cambió cuando se hizo evidente que los trabajos parciales no tendrían resultados definitivos, así que aceptaron la resolución de la SHCP respecto del programa integral y amplio, que solucionara los problemas relacionados con el abastecimiento y el desalojo del agua. Quizá esta actitud obedeció a que era improbable recuperar el control de los recursos hídricos y a la renuencia de la secretaría.

El presidente municipal, como vocal de la Junta, consiguió que se detuvieran las obras parciales, en tanto se iniciaban las acciones definitivas. En este sentido, tuvo cierta influencia en las decisiones tomadas por los representantes del gobierno federal. Cabe destacar que las autoridades no dejaron de intentar, en todo momento, poner coto a las acciones del organismo. Para finales de 1935 seguían insistiendo ante la SHCP en que: a) se devolviera la administración de los servicios de agua al municipio y b) que el ayuntamiento no pagara los recursos provenientes de la aduana, que se hubieran invertido en construir las obras hidráulicas de la ciudad.²⁵

Condiciones del servicio local de abastecimiento de agua

El municipio de Ciudad Juárez administró el agua (Aboites et al. 2010, 23) hasta principios de la década de 1930. Para realizar dicha función recibía fondos de 2 y 3 por ciento del impuesto que se cobraba por importación y exportación en la aduana local; además, tenía las rentas del servicio, aunque era ineficiente.

El agua escaseaba la mayor parte del año, sobre todo en primavera y verano. En apariencia, el problema se debía a las condiciones de la infraestructura para prestar el servicio. Sobre este tema, uno de los funcionarios señaló: "Como es público y notorio, la escasez de agua para el buen servicio permanece durante el año y muy marcadamente en la temporada del verano debido al mal estado en que, como todos sabemos, se encuentran las bombas que hacen la extracción de este líquido".²⁶ Algunas colonias, sobre todo las más alejadas y las que se localizaban en las partes más elevadas, no recibían agua durante meses, argumento que los usuarios empleaban para solicitar la exención del pago.

Las múltiples quejas de los usuarios contra el ayuntamiento eran públicas, debido a que tenían que pagar por un servicio que no recibían. La dueña de una casa de huéspedes dijo: "No me ha sido posible pagar a la Tesorería de esta municipalidad la cuota de 5.00 pesos plata mensuales que la propia Oficina me asignó por concepto de agua".²⁷ Su incumplimiento se debió a que no recibió el servicio durante varios meses.

Las circunstancias no mejoraron mucho para 1934. En lo relativo a las redes hidráulicas, el servicio de agua potable era deficiente porque sólo había dos pozos para abastecer a todo el poblado, los cuales estaban "ya muy azolvados y, según los mismos informes, rendían a lo sumo cinco litros por segundo, cantidad insuficiente para el abastecimiento de la ciudad".²⁸ Además, las redes, que ya tenían alrededor de treinta años, estaban dañadas. Con una amplitud de 15 kilómetros, sólo estaban tendidas sobre las calles principales, los tubos tenían diámetros diferentes y, carecían de instalaciones de control, como válvulas de seccionamiento y desfogue. Al respecto, se señalaba que el sistema era incorrecto porque no se formaban circuitos de doble circulación, sino que casi todos eran tubos ciegos, "los cuales son altamente peligrosos para la salud pública debido a que el agua de los extremos no circula y se corrompe".²⁹ Según los informes recibidos, las tuberías estaban completamente encorvadas y su funcionamiento era por demás imperfecto y restringido.

Esa circunstancia se modificó en la misma década, a raíz de la intervención de la Junta Federal de Mejoras Materiales, que construyó infraestructura que, en teoría, mejoró el servicio de abasto y el desalojo del agua. Sin embargo, para el ayuntamiento implicó la pérdida del control sobre el agua local, así como de los fondos de los impuestos aduanales por importación y exportación. A su vez, dicho capital quedó bajo la tutela de la SHCP, y dejó de recibir las rentas por el servicio. En resumen, esta situación implicó el debilitamiento de la hacienda local.

Las resistencias

El Ayuntamiento de Ciudad Juárez se resistió a la intervención del gobierno federal, al igual que algunos pobladores (Aboites et al. 1999), y también la Unión de Propietarios de Bienes y Raíces, porque la Junta formuló dos iniciativas que los perjudicarían directamente: la instalación de medidores en las fincas y el aumento de las cuotas por el servicio del agua. Al principio las tarifas eran fijas para todos los usuarios, pero el aumento del precio del servicio y la instalación de medidores iba a repercutir en la economía de quienes consumían más, es probable que los integrantes de dicha unión estuvieran en esa situación.

La inconformidad sobrepasó las fronteras del estado; los afectados enviaron sus quejas a la Presidencia de la república y a otras instituciones vinculadas con el control de los recursos hídricos del país. En junio de 1935 le enviaron una misiva al presidente, en la que le señalaban que el proceso de trasferencia del agua era ilegal. Entre sus argumentos indicaban que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran: "nulos los contratos que tienen por objeto derechos que no pueden ser materia de contratación",³⁰ se referían al agua. Además, aseguraban que Lázaro Cárdenas, el entonces presidente, estaba a favor de los municipios, como se mencionaba en la prensa nacional:

Que el criterio del Señor Presidente de la República, dado a conocer por la prensa diaria, está enteramente de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no deben enajenarse por ningún motivo los derechos que constituyen la vida de los Municipios.³¹

La otra objeción se refería a que el importe de las obras que realizaba la empresa Ingeniería Civil, S. A., bajo la tutela de la Junta, era de un millón de pesos, cifra superior a los fondos recaudados por el cobro del servicio del agua, cuyo estimado estaba entre los dos mil y tres mil pesos; por tanto, era incapaz de cubrir los gastos de dicha empresa.

Los integrantes de la Unión de Propietarios de Bienes y Raíces tenían varias propuestas para solucionar el problema, entre ellas pedían que: a) el control del servicio del agua regresara al municipio; b) un miembro de la Cámara Nacional de Comercio y otro de dicha Unión de Propietarios vigilaran la administración del agua por parte del ayuntamiento, una vez que fuera devuelta; c) el pago de las obras materiales para el abasto del agua debía provenir del recurso que las aduanas tenía destinado para ese municipio y d) que en la Junta federal de Mejoras Materiales hubiera dos representantes de la Unión de Propietarios, quienes se encargarían de vigilar la inversión correcta de los fondos.³²

Como respuesta, el presidente turnó el documento al departamento consultivo de legislación para que fuera revisado -en el proceso se puso de manifiesto que esto fue autorizado por el Poder Ejecutivo de Chihuahua. La Unión de Propietarios detallaba el avance de las obras y los motivos por los que se habían paralizado. Además, desestimaba la posibilidad de que la administración de las aguas pudiera regresar al ayuntamiento, puesto que todo el procedimiento se había realizado dentro de los lineamientos legales.³³

En 1935 continuó el envío de misivas a la Secretaría de Agricultura y Fomento, en las que se denunciaba la mala administración de la Junta y el desarrollo deficiente de las obras materiales que estaba realizando la empresa contratada por ese órgano. Las mismas quejas fueron enviadas al Ayuntamiento de Ciudad Juárez una y otra vez. Además, en más de una ocasión solicitaron que se les entregara una copia del contrato que las autoridades locales habían firmado con la Junta durante la cesión de derechos.³⁴ El cabildo respondió que no existía dicho documento, aunque sí el oficio en el que el ejecutivo de Chihuahua había ordenado que la administración de las aguas pasara a la Junta.

Cabe destacar que en un principio los integrantes de la Unión de Propietarios, al igual que los del cabildo, no estaban muy seguros de cómo se iba a pagar el importe de los trabajos. Se puede deducir que desconocían que el reembolso de las obras se realizaría con el fondo de la aduana local, y que el cobro por el servicio de agua, de dos mil o tres mil pesos, no se utilizaría para abonar al BNHUYOP. Sin embargo, este asunto no fue el que provocó mayor inconformidad entre ellos, sino que no fueron considerados, primero para la toma de decisiones en el proceso de trasferencia de los recursos hídricos a la Junta y, después, en lo relativo al desarrollo de las obras. Quizá por eso solicitaban formar parte de un organismo que vigilara el control y la administración del agua; además, insistían en que ésta regresara al ayuntamiento.

Inicio de las obras definitivas

La Junta Federal de Mejoras Materiales comisionó a un ingeniero para que definiera las características que debería tener el proyecto de abasto y desalojo de agua. El experto señaló que se debía considerar: "el número de pozos necesarios para el abastecimiento de una población de 50,000 habitantes durante 24 horas al día con los tanques de almacenamiento suficientes para la debida regularización".³⁵ Después elaboró un plan que turnó a la SHCP para revisión y, tras su aprobación, fue enviado a licitación.

La compañía que ganó el concurso estaba integrada por los contratistas Andrés Ortiz y Fernando Martínez de San Vicente, quienes recibieron la adjudicación del proyecto porque "presentaron condiciones más ventajosas y ofrecieron financiar la obra hasta su terminación porque la Junta carecía del dinero necesario para pagarla al contado; la Junta no eligió al contratista sino que fue el resultado de un concurso legal el que decidió la adjudicación".³⁶ El cabildo y el órgano federal quedaron al margen de la selección de la empresa.

Los representantes de la Junta eran los responsables de supervisar las obras y administrar las rentas del cobro del servicio del agua.

Por su parte, el gobierno federal, por medio de la SHCP, manejaba los fondos provenientes del impuesto aduanal, y se había encargado de firmar el contrato con Ingeniería Civil, S. A., así como de hacer los pagos respectivos por los avances de las obras, con el préstamo que concedió el BNHUYOP.

El contrato se firmó el 28 julio de 1934, pero las obras se iniciaron un mes después. En el convenio se hicieron algunas aclaraciones sobre la manera de trabajar y la forma de pago. Entre otras cosas, se acordó liquidar 15 por ciento del monto total, para afrontar los gastos no considerados en el contrato.³⁷ Además, se especificó que todo el proceso se realizaría en 12 meses, porque "pasado el tiempo de un año se les multaría con $50.00 [pesos] diarios por los días que se excediera el término fijado".³⁸ A pesar de tal penalización, el tiempo de la entrega se prolongó.

El contrato se firmó con el visto bueno de las autoridades del municipio, que en un oficio señalaban que "El H. Ayuntamiento de esta ciudad dio su consentimiento para que los CC. Ingenieros Andrés Ortiz y Fernando Martínez de Vicente, lleven a cabo las obras de aprovi sionamiento de agua de la ciudad".³⁹ Como se vio, esta anuencia se trasformó en inconformidad durante la construcción.

Para 1935, Ingeniería Civil, S. A. detuvo los trabajos por motivos ajenos a la Junta y su funcionamiento; entre las razones estaba la realización de obras no consideradas en el contrato, que representaron un gasto adicional. Los empresarios señalaron que habían hecho "cruzamiento de canales de irrigación, pasos de tubería en las vías de los ferrocarriles, acequias, bordos de defensa del Río Bravo, túneles, limpia de pozos, reconexiones".⁴⁰ Todos esto relacionado con la fisiografía del territorio, la distribución del espacio y la forma de uso del suelo, el cual era eminentemente agraria. A esa circunstancia se aunó la demora del material, que provenía de Birmingham, Estados Unidos, y después la huelga de los plomeros.

La Junta intentó apoyar a la empresa contratista con los fondos recaudados por el cobro del servicio del agua; sin embargo, eran insuficientes. Además, no tenía el apoyo de las autoridades del cabildo, por lo que se envió un oficio a la Dirección General de Bienes Nacionales -institución que apoyaba a la SHCP en sus funciones-, para que se comunicaran con las autoridades municipales y les informaran que era necesario aumentar las cuotas por el servicio de agua. En dicho oficio se señalaba que:

La Junta Federal de Mejoras Materiales de esta ciudad se encuentra en situación económica tal que el monto de sus ingresos la imposibilitan para cumplir debidamente con sus compromisos contraídos por el concepto de las obras de abastecimiento de agua de esta población [...] atendiendo a esta situación y con la mira de llevar a su término la obra emprendida como solución [...] pretende aumentar las cuotas actuales que los usuarios de estos servicios vienen cubriendo, así como la instalación de medidores, para lo cual se viene haciendo detallado estudio.⁴¹

Los integrantes del cabildo respondieron con una negativa, porque el cobro se incrementó cuando la Junta comenzó a administrar los recursos hidráulicos. Desde su perspectiva, no existían motivos para aprobar esa iniciativa, y señalaron que "no debe de alejarse de la mente de quienes administran esos servicios que deben considerarse como un servicio público y no como un medio para lucrar y obtener beneficio del mismo".⁴² Por el contrario, iban a propugnar porque disminuyeran el costo, y que fuera la cantidad que cobraba ese órgano cuando se hacía cargo del abasto y la distribución del agua. Añadieron que las condiciones económicas de la población eran precarias, y que el aumento iba a redundar en quejas entre los usuarios. Por otra parte, tampoco estaban de acuerdo en que se instalaran medidores, pues el cobro se realizaba de manera equitativa.

Los problemas económicos que enfrentó la Junta alentaron las diferencias que ya tenía con el ayuntamiento, cuya intervención fue oponerse a las iniciativas del organismo, en la medida de sus posibilidades. Además, pudo poner en tela de juicio la forma en que la institución estaba administrando los fondos por la renta del servicio.

Otra de las acciones emprendidas por el ayuntamiento, fue el envío de correspondencia a la SHCP, para informar que la administración era deficiente, señalaba que: "Las obras se desarrollaron sin interrupción hasta fines de 1935 [...] pues a fines del año citado sufrieron una paralización por razones de índole económica que ni la Junta ni los contratistas pudieron de momento resolver".⁴³ Por otra parte, el organismo local demandó a la compañía por el incumplimiento del contrato para el establecimiento de las redes hidráulicas.

Las obras se paralizaron en noviembre de 1935, y se reiniciaron un año después, "en agosto de 1936, estando hasta la fecha, como ya se dijo, casi totalmente terminadas, pues sólo faltan detalles para dejarlas terminadas a satisfacción de la Junta".⁴⁴ Los trabajos se concluyeron en un periodo corto.

Para noviembre de 1936, el avance era significativo; en el informe se mencionaba que se habían instalado 92 kilómetros de tubería de espesores diferentes, así como válvulas de calibres distintos. Para elevar el volumen del agua que se extraía del subsuelo por minuto se desazolvaron dos de los pozos de los que se abastecía a la localidad, y se perforó otro; en cada uno se construyó una estación de bombeo con los motores correspondientes. Se añadía: "Se ha construido un tanque de almacenamiento de concreto y con una capacidad de 2 600 metros cúbicos".⁴⁵ Ingeniería Civil, S. A. cumplió la promesa de elevar el volumen de agua que se distribuía, pues se estaban bombeando 14 000 m³ por día, lo cual representaba 600 litros por persona.46 Se había avanzado más de 60 por ciento cuando se detuvieron los trabajos, en 1935; quizá por ello, cuando se reanudaron, pudieron concluirse rápidamente. Las obras hidráulicas quedaron en manos de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Ciudad Juárez; se puede decir que la inconformidad y la lucha del Ayuntamiento fue en vano, pues, a pesar de que tuvo cierta influencia, se vio obligado a acatar las órdenes del Estado.

A modo de conclusión

En el periodo posrevolucionario, en Ciudad Juárez, al igual que en otras urbes de México, el proceso mediante el cual el Estado centralizó el control de los recursos hídricos y fortaleció su hacienda generó conflictos entre las autoridades y la Junta Federal de Mejoras Materiales, instancia que representaba al gobierno federal.

Estas instituciones fueron creadas para mejorar la infraestructura de las localidades fronterizas y los puertos. Sin embargo, en el caso de Ciudad Juárez, la Junta se convirtió en una herramienta para despojar al Ayuntamiento del control de los recursos hídricos.

El gobierno de Chihuahua fue un actor clave en la transición del control local al nacional del agua, porque impuso sus órdenes ante la negativa del ayuntamiento para obligarlo a trasferir la administración y control del agua a la Junta. Además, respondió a las misivas enviadas tanto por el ayuntamiento como por los actores locales, y se negó a sus solicitudes para que el control de los recursos hídricos regresara al municipio. Por otro lado, no podía debatir esta resolución porque era un mandato federal.

A menudo se refiere el papel que las instituciones crediticias tuvieron en el proceso de centralización/federalización de las aguas nacionales. Éstas se convirtieron en herramientas de control, porque después de otorgar los créditos a los municipios se encargaban de la contratación, la dirección y la construcción de las obras. En este caso, la incidencia de la SHCP fue preeminente porque dirimió el conflicto con el ayuntamiento, licitó el proyecto de las obras hidráulicas para la ciudad y seleccionó a la empresa de acuerdo con las condiciones que ofrecía. También coadyuvó con el gobierno federal en el fortalecimiento de su hacienda -y al debilitamiento de la hacienda local-, al canalizar los fondos provenientes de 2 y 3 por ciento por importación y exportación.

En consecuencia, además de perder poder económico, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez también perdió parte de su poder político, al quedar fuera de la toma de decisiones en la administración del agua. Dejó de ser una figura clave en la selección de las empresas que construirían obras de infraestructura urbana, y también quedó a un lado en la asignación de cuotas a los usuarios, por lo menos de 1934 a 1936.

Por otra parte, en el tiempo que el ayuntamiento tuvo los fondos, no se planteó la posibilidad de hacer cambios que beneficiaran a la población en la administración del agua. En la época en que la Junta Federal de Mejoras Materiales se hizo cargo de los trabajos, los pozos estaban azolvados, las redes tenían más de treinta años, y por ello no se lograban satisfacer las demandas de los habitantes.

La Unión de Propietarios participó de cierta forma como aliada del ayuntamiento en la confrontación con el gobierno federal, en su petición de que se le regresara el sistema de abastecimiento de agua y de que tuvieran representación en la Junta o fuera de ella, como actores independientes para vigilar el funcionamiento del manejo del agua, y también pusieron en tela de juicio el papel del ayuntamiento como administrador del agua. En caso de que no se le concedieran sus peticiones, solicitaban vigilar la forma en que el órgano federal ejercía los fondos.

Archivos

Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez

Archivo Histórico del Agua

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Notas

1 En los documentos aparece indistintamente como Junta Federal de Mejoras Materiales y Junta de Mejoras Materiales; aquí se unificó como aparece en la primera mención.

2 AHMCJ, FR, SG, SPM caja 8, año 1935, expediente 2.

3 AHMCJ, FR, SG, SPM caja 8, año 1935, expediente 2.

4 AHMCJ, FR, SG, SPM caja 8, año 1935, expediente 2.

5 AHMCJ, FR, SG, SPM caja 8, año 1 935, expediente 2.

6 AHMCJ, FR, SG, año 1933-1934, caja 222, expediente 1.

7 AHMCJ, FR, SG, SPM año 1935, caja 7, expediente 4.

8 AHMCJ, FR, SG, año 1933-1034, caja 222, expediente 1.

9 AHMCJ, FR, SG, año 1933-1034, caja 222, expediente 1.

10 AHMCJ, FR, SG, SPM caja 7, año 1935, expediente 4.

11 AHMCJ, Fondo Modernidad (FM), Sección Administración (SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

12 AHMCJ, FM, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

13 AHMCJ, FM, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

14 AHMCJ, FM, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

15 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

16 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

17 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

18 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

19 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

20 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

21 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

22 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

23 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

24 AHMCJ, FM, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

25 AHA, Aprovechamientos Superficiales (AS), caja 2026, expediente 3053 1, foja 78.

26 AHMCJ, FR, SA, Subdirección de Obras Públicas (SOP), año 1924-1925, caja 1, expediente 1.

27 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

28 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

29 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

30 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

31 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

32 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

33 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

34 AHMCJ, FC, SG, SPM, año 1935, caja 7, expediente 2.

0 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

35 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

36 AHMCJ, FC, SG, SPM, año 1935, caja 7, expediente 4.

37 AHMCJ, FC, SG, SPM, año 1935, caja 7, expediente 4.

38 AHMCJ, FR, SG, año 1933-1934, caja 222, expediente 2.

39 AHMCJ, FC, SG, SPM, año 1935, caja 7, expediente 4.

40 AHMCJ, FC, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

41 AHMCJ, FC, SA, SA, caja 2, año 1942-1943, expediente 1.

42 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

43 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

44 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

45 AHA, AS, caja 2026, expediente 30531, foja 78.

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