Introducción

En 2011, el panorama prospectivo en la Sierra Norte de Puebla, ubicada en la porción central de México, amenazaba con trasformar drásticamente la región; de tener predominio agrícola -con solo dos nodos industriales y de servicios incipientes -, a albergar 11 proyectos hidroeléctricos y tres mineros para la extracción de oro (Manriquez-Bucio, Garibay y Urquijo, 2018). Además de un programa de reubicación poblacional llamado Ciudad Rural, a cargo del gobierno del estado de Puebla (GEP, 2011a) -no concretado-, y 233 pozos de fracking (Fuente y Llano, 2016).

Los proyectos se percibieron como amenazas desterritorializadoras, que pondrían en riesgo el control de los territorios locales. Surgieron tensiones y conflictos a partir del proceso de negociación de las tierras; con frecuencia se aludía a la expropiación como amenaza (García, 2016), y como respuesta a la incursión de actores empresariales y gubernamentales nuevos, que trastocaron la cotidianeidad y el entorno.

No obstante, las tensiones y problemas trascendieron los casos locales y provocaron una resistencia social regional. En este sentido, 2011 también marcó el inicio de un momento nuevo de movilización social; se trata de un caso poco común en México, por tres motivos: a) el alcance regional de la problematización, logrado al articular narrativas de resistencia frente a una amenaza común -a pesar de la diversidad de proyectos- y en defensa de una región, la Sierra Norte de Puebla; b) la conformación de una coalición regional, construida sobre la heterogeneidad de actores y a partir de relaciones interétnicas y c) el éxito en la contención de los proyectos, pues hasta 2019 no se han concretado los mineros ni los hidroeléctricos (Manriquez-Bucio et al., 2018).

Sin embargo, en este escenario de triunfo para las resistencias antiextractivistas destacaron dos proyectos, por mantenerse al margen de la dinámica contenciosa: el minero Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, y el hidroeléctrico Puebla I, en los de Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya que, a diferencia de los surgidos en 2011, éstos comenzaron exploraciones en 2003 y 2009, respectivamente. Asimismo, ambos guardaban proximidad con casos emblemáticos de conflicto: Tetela de Ocampo, a unos 40 kilómetros de Ixtacamaxtitlán, y Olintla, a 56 de San Felipe Tepatlán. Incluso, el de Ixtaca tenía mayor extensión. A pesar de estos factores, ninguno mostró una confrontación similar a los casos detonados entre 2011 y 2013, y fue después de este último año cuando se comenzó a visibilizar una problematización desde los espacios locales frente a Ixtaca y Puebla I. ¿Por qué los proyectos de mayor avance técnico-prospectivo no provocaron oposición en un primer momento?

Aquí se plantea que dicha situación resulta de las relaciones de reciprocidad negativa y de captura política comunitaria (Garibay, 2008; Lomnitz, 2005) que se despliegan en los contextos locales. Esto imposibilitó una pronta socialización del rechazo a los proyectos -al obstruirse los canales de comunicación- y la posibilidad de articulación entre opositores locales y regionales. No obstante, a pesar del carácter coercitivo de estos procesos, las prácticas son invisibilizadas tanto en el discurso como en el ejercicio de la responsabilidad social corporativa (RSC).

La desposesión a través de mecanismos sutiles

Azamar (2017); Bottaro y Sola (2018); García (2015); Garibay, Boni, Panico y Urquijo (2014); López (2017) y Vela (2018) han realizado contribuciones importantes a la caracterización del nuevo extractivismo latinoamericano en el siglo XXI. A través de sus aportes se entienden los proyectos mineros y energéticos actuales, como formas de acumulación de capital basadas en el despojo; concepto retomado por Harvey (2004) como la acumulación por desposesión, para resaltar la vigencia del proceso violento de acumulación originaria descrito por Marx (1999). Además, se asume que con frecuencia dicho fenómeno resulta imperceptible. La invisibilidad de los mecanismos, a través de los cuales ocurre la desposesión, se debe en parte al carácter contractual de las relaciones y al pago de contraprestaciones. En este sentido, la RSC juega un papel central, pues emula relaciones de reciprocidad equilibrada que terminan por ocultar la violencia entrañada en el proceso.

La RSC ha constituido un campo para el análisis (Garriga y Melé, 2004). Esto muestra la importancia teórica y metodológica que tiene en el mundo empresarial, lo que también se refleja en el número creciente de corporaciones que se suman voluntariamente al discurso de dicha práctica. La RSC se entiende como un compromiso ético orientado a la protección de los intereses sociales, económicos y ambientales de los stakeholders (los involucrados e interesados en el proyecto: accionistas, empleados, autoridades y comunidades) (Hohn, 2009; Jenkins y Obara, 2006). No obstante, en la práctica corporativa con frecuencia tiene un carácter instrumental, dirigido a la consecución de objetivos económicos (Garriga y Melé, 2004). Lo demás, como señala Banerjee (2008), es retórica emancipatoria que desdibuja la RSC como discurso y práctica, que legitima el poder de la empresa.

Respecto a la relación corporación-comunidad, la RSC se debe orientar al fortalecimiento comunitario; empoderamiento que garantice la estabilidad social y ambiental, aun cuando la empresa deje de operar en la localidad (Jenkins y Obara, 2006). Cuando las políticas corporativas se limitan a la entrega de apoyos -uno de los componentes de la RSC-, la relación se vuelve vertical y la comunidad es solo receptora. Esto crea un escenario adverso al planteado en teoría, pues establece una relación de dependencia hacia la compañía.

Reciprocidad negativa, horizonte de coerción y captura política

A pesar del carácter legal y legítimo de las relaciones empresa-comunidad, en esta investigación se plantea que la RSC sirve como mecanismo para invisibilizar tanto las estrategias locales de control político, como otras que se pueden caracterizar en la dinámica de reciprocidad negativa (Garibay y Balzaretti, 2008; Santos y Martínez, 2015). Lomnitz (2005) sostiene que la reciprocidad negativa es capaz de construir relaciones sociales fundadas sobre actos iniciales de violencia, -como la amenaza de la expropiación-, y se mantiene a partir de dos mecanismos: la simulación de intercambios positivos, con la entrega de regalos o “falsos dones”, y el establecimiento de un horizonte de coerción (ProIxtaca, 2013-2018).

En el primer caso, las comunidades están sujetas a un flujo unidireccional de beneficios a favor de la empresa; el control político del territorio local se intercambia simbólicamente por contraprestaciones pequeñas y regalos. No obstante, más allá del endeudamiento moral que significan los regalos, la relación se afianza con el establecimiento de un horizonte de coerción que constriñe más a la parte dominada y le imposibilita salir de la reciprocidad negativa (Lomnitz, 2005). La coerción se consolida mediante relaciones entre la parte dominante y los aliados estratégicos -como las autoridades gubernamentales-, capaces de obstaculizar la salida de los afectados.

Al final las empresas logran un control mayor del espacio político local, una vez que se consuma la captura política comunitaria. Esto es, la imposición de intermediarios que les garanticen el flujo de bienes, servicios, información y personas, que consolidan la centralidad de las compañías (Garibay, 2008). Con frecuencia, los intermediarios son de la misma localidad cuya capacidad de interacción, con el interior y el exterior, los habilita como traductores culturales. En este caso también se observa el papel de los profesionistas especializados en la intermediación, empleados por la empresa.

El análisis de los casos presentados aquí es parte de una investigación realizada entre 2013 y 2017, orientada al estudio de escenarios contenciosos en la Sierra Norte de Puebla; se sostiene en trabajo de campo etnográfico, dirigido hacia los grupos y actores en resistencia frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Se realizaron cinco estancias de campo de diez días cada una, también observación participativa y no participativa, así como entrevistas abiertas a actores clave¹ de Tetela de Ocampo, Xochitlán, Ixtacamaxtitlán, Xocoxiutla, Santa María Zotoltepec, Tuligtic, Cuetzalan del Progreso, San Felipe Tepatlán, San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Libres, Cuautempan y Puebla, seleccionados con el método de muestreo referido. También se recurrió a etnografía directa -cinco estancias en la región de diez días cada una- e indirecta, y a una reconstrucción cronológica del conflicto basada en 400 notas periodísticas.² Además, hubo trabajo documental, se recopilaron informes de gobierno y técnicos, solicitudes de acceso a la información y material de redes sociales. De esta forma, además de la reconstrucción de los conflictos, se enfatiza el contraste entre el discurso y la práctica de la RSC como estrategia para visibilizar los actos coercitivos, que constriñen a los posibles opositores y su ocultamiento.

Contexto contencioso regional

En 2012 se conocieron tres proyectos mineros, para la exploración y extracción de metales preciosos en la Sierra Norte de Puebla: Espejeras, en el municipio de Tetela de Ocampo; Lupe, en el de Zautla e Ixtaca, en el de Ixtacamaxtitlán que, en conjunto, sumaban cerca de 20% del territorio regional. De forma casi simultánea, también se supo de la proyección de una planta hidroeléctrica en el municipio de Olintla, resultante del convenio Energía Limpia entre el gobierno de Puebla y la empresa minera Grupo México (GEP, 2011b).

Tanto los proyectos mineros como la hidroeléctrica se hicieron públicos cuando los agentes de las corporaciones llegaron a las localidades a negociar la compraventa o arrendamiento de tierras. O bien, como en Olintla, con la entrada de maquinaria para la apertura de un camino que permitiría comenzar la exploración. El proceso de compraventa, coaccionado con la figura de la expropiación y las malas prácticas corporativas, como la falta de consulta, llevaron a algunos habitantes a manifestar su rechazo. Así, en 2012 surgieron tres conflictos que marcarían el inicio de la fase neoextractivista: en abril, en Tetela de Ocampo; en octubre, en Zautla y en diciembre, en Olintla.

Las resistencias locales se organizaron para contener los proyectos en la localidad respectiva, y al mismo tiempo la suma consecutiva de los casos los fue empujando hasta lograr una articulación entre ellos. A finales de 2012 se creó el Consejo Tiyat-Tlali que aglutinaba a varias organizaciones para hacer frente común a los “proyectos de muerte”, como los denominaron (Universidad de la Tierra en Puebla et al., 2012). En Zautla lograron detener las obras, y el conflicto entró en latencia a los dos meses de haber empezado. En Tetela y Olintla también contuvieron las obras, y el conflicto comenzó a distenderse en 2013. El primero ante el cese de los procedimientos administrativos de la empresa y el segundo con su desistimiento, pues nunca gestionó los permisos ambientales necesarios.

En dos años la región experimentó una primera escalada de tensión frente a los proyectos. No obstante, Ixtaca y Puebla I se mantuvieron al margen de la dinámica contenciosa, que ya se había generalizado. Esto resulta paradójico, pues son los de mayor avance operativo, así como los más antiguos; el primero cuenta con la mayor área concesionada (70%); empezó en 2001 (Almaden, 2017), el segundo, a cargo de la hidroeléctrica Deselec-Comexhidro, comenzó sondeos exploratorios en 2009, fecha en que se entregó la manifestación de impacto ambiental (véase Figura 1).

En la Figura 2 aparece la gráfica de 400 notas periodísticas consultadas; 64 abordan el conflicto en Ixtacamaxtitlán, correspondientes a cinco años, y 111 el de San Felipe Tepatlán, que abarcan dos años, a partir de 2015, cuando bajó la intensidad de ambos. Aunque en números absolutos esto sería similar a la cantidad de notas publicadas para los otros casos, hay que observar la distribución de esa frecuencia y el momento de emergencia. Sobre Olintla se registraron 69 notas, producidas en dos meses.

En ambos casos se observa un desfasamiento temporal respecto al punto máximo de tensión del periodo, entre 2012 y 2014. Es decir, fue hasta que los casos icónicos concluyeron o entraron en latencia, cuando la atención pública se dirigió hacia los que se encontraban en una fase prospectiva más avanzada -lo cual intensifica la presencia de la empresa en las comunidades. Así, Ixtacamaxtitlán adquirió mayor visibilidad a finales de 2013 y mediados de 2014; incluso se interrumpió en dicho lapso, por la cobertura mediática que tuvo Zautla.

Más allá de la ausencia de tensiones o de haber sido opacados por otros conflictos, la poca o tardía conflictividad asociada con Ixtaca y Puebla I responde a procesos locales que obstruyeron la articulación de opositores e invisibilizaron las tensiones. La invisibilidad de estos casos, y su incapacidad de insertarse en el contexto contencioso regional, fue resultado de los mecanismos exitosos de captura política desplegados en el plano más íntimo de las relaciones entre corporaciones y comunidades, que partieron de una prospección local exhaustiva -social, política y cultural-. Una estrategia que permite a las corporaciones tener un mapa político y cultural, que les confiere ventajas para operar localmente.

Las empresas se involucran en la intimidad de la vida comunitaria e identifican necesidades materiales, valores y símbolos; también actores políticos e intelectuales locales, y aprovechan las fisuras, desde rencillas familiares, hasta facciones políticas internas. Aunque la prospección social significa invertir tiempo y recursos, es preferible pues esto les permite canalizar eficazmente recursos, información e incluso violencia.³

La exploración no solo es geológica

Las dos empresas se encuentran en una fase exploratoria; en el proyecto Ixtaca se sondea la factibilidad de explotar los depósitos mineros, mientras el otro explora las cuestiones técnicas de preparación del sitio de la hidroeléctrica Puebla I. Ambos han invertido también en la prospección social local, ya que absorben los costos y la conducen con seriedad. El desconocimiento de las comunidades puede provocar rechazo, como sucedió en Tetela, Zautla y Olintla, por ello las corporaciones prefieren invertir en estudiarlas para evitar una mala relación, que pudiera llevar a oposición y manifestaciones, en perjuicio de su imagen pública o de las operaciones. Por lo tanto, es frecuente que las empresas conformen equipos de profesionales habilitados para estudiar e intermediar con las comunidades.

El descubrimiento que hicimos en Ixtaca en el 2010 […] nos ha permitido expandir nuestra participación y nuestro compromiso con las comunidades, y estamos muy orgullosos de emplear a personas como Daniel Santamaría, quien entiende muy bien los detalles técnicos y sociales de nuestro proyecto, y a Rosario Uzcanga, antropóloga con mucha experiencia quien colabora también en la parte social. Daniel, Rosario y todo su equipo están debidamente calificados para explicar lo que se trata de hacer en Ixtaca, y para cerciorarse que nuestras actividades en Ixtaca sean realmente benéficas y que enriquezcan las vidas de todos nuestros grupos de relación (Almaden Minerals, 2014, p. 3).

Como destaca la cita, las empresas contratan profesionistas capacitados en la intermediación con las comunidades, como Comexhidro, que conduce el proyecto Puebla I, y cuenta con el departamento denominado “área político-social”, para el manejo de las relaciones comunitarias, que además está encargado “[…] de los aspectos ambientales y de la adquisición de terrenos en los proyectos de energía renovable de la empresa […]” (Hidroeléctrica-Puebla, 2015).

Los profesionales saben analizar a las comunidades, cabildear con ellas y trasmitir la información, que canalizan de la comunidad a la empresa, a través de una primera línea de intermediarios políticos; lo que sucede también en sentido inverso, pues le brindan información a las comunidades, amparados en su posición social legitimada, como profesionistas. Comexhidro despliega un equipo de ingenieros que justifica la viabilidad técnica del proyecto; hay biólogos y químicos, que explican la factibilidad ecológica, y científicos ambientales que hacen lo propio sobre la sustentabilidad -desde el desarrollo local hasta el combate al cambio climático- (Hidroeléctrica-Puebla, 2015). Estos equipos son esenciales en la exploración social, pues el avance operativo de las empresas con frecuencia depende del conocimiento pronto y detallado de los contextos locales; aspectos que facilitan la obtención de la “licencia social para operar” (Boutilier y Thomson, 2011), como se denomina en el argot minero.

Hidroeléctrica Puebla I

Comexhidro, como la mayoría de las grandes empresas, es un corporativo privado que ha construido una imagen pública ligada a la RSC. Tiene tres ramas de apoyos para las comunidades: a) los directos, como donaciones de material desechado para la reparación de caminos; b) los anuales, para el apoyo de proyectos productivos una vez que la planta esté en construcción y operación y c) los destinados a potenciar los recursos entregados (Hidroeléctrica-Puebla, 2015). Aunque se publicitan como mecanismos para mejorar la calidad de vida de las comunidades, en la práctica dichos apoyos establecen relaciones verticales de entrega de regalos. Además, crean redes clientelares integradas por gente local afín a la empresa, mediante una segunda línea de intermediarios.

Las tres ramas de apoyos implican intervención en la dinámica organizativa, política y económica de las localidades. La entrega de recursos anuales se condiciona a la creación de un comité de “vigilancia y seguimiento”, ideado como una forma de evitar la concentración de recursos en un grupo de personas (Hidroeléctrica-Puebla, 2015). Sin embargo, por la misma estructuración del comité, no es claro cómo la compañía evitará la conformación de dichos grupos de poder. El “comité de monitoreo y seguimiento de acuerdos” debe integrarse por dependencias e instituciones del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; representantes del gobierno estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno; el ayuntamiento constitucional, y las que el comité determine necesarias para cumplir sus funciones (Hidroeléctrica-Puebla, 2015).

En el mejor de los casos, se trata de la burocratización del apoyo, tanto en la conformación del comité, como en la gestión de la contraprestación anual y, en el peor, puede ser un mecanismo de captura política a través de las autoridades y grupos de poder local que se integren bajo la figura de comité. En San Felipe Tepatlán, los opositores han denunciado la existencia de un grupo de poder local, que apoya a la empresa, conformado como asociación civil:

Comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla […] desconocieron la creación de una nueva asociación civil que avaló el proyecto y dividió la lucha social, a cambio de administrar el recurso en “beneficio” de los pueblos. Se trata del Frente de Comunidades Unidas para el Desarrollo de los Pueblos [FCUDP], conformada por habitantes de los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, quienes autorizaron la instalación a partir de enero de la hidroeléctrica Puebla 1 en la cuenca del río Ajajalpan (Llaven, 2015).

Este FCUDP resulta estratégico pues, en rueda de prensa en la ciudad de Puebla, declaró tener el propósito de

administrar los recursos provenientes de empresas privadas, fundaciones y gobierno mediante los mecanismos de “transparencia y de toma de decisiones acordados en las asambleas en cada una de nuestras comunidades” vigilaremos que los recursos se apliquen en obras sociales que beneficien a toda la comunidad también el frente será responsable de contar con administrador profesional para asegurar que se cumplan las obligaciones fiscales, y se realicen las declaraciones mensuales y anuales ante el SAT [Sistema de Administración Tributaria] (Fuentes, 2015).

Además de controlar los recursos económicos y con ello reafirmar o crear nuevas dinámicas asimétricas de poder intracomunitarias, el FCUDP y organizaciones similares pueden servir para legitimar el proyecto. Así, el grupo permite producir una imagen pública de aceptación social, a la vez que deslegitima a los opositores:

[Los opositores al proyecto] no vienen con personas que pertenezcan al municipio, vienen con personas de Olintla. Incluso vinieron personas hasta de Chiapas, Oaxaca, Michoacán. Pues esas personas no sé qué vienen a hacer aquí. Y nosotros lo que quisiéramos es que el presidente no admitiera personas de fuera, que lo que hiciera es que quien va a decidir sea el propio municipio y sus comunidades (Espinosa, 2015).

Con el argumento de potenciar los beneficios anuales, la empresa ofrece coadyuvar para gestionar apoyos gubernamentales:

La tercera rama, que para mí es la más interesante, es la siguiente: una vez que la empresa entrega el dinero a cada comunidad, ¿cómo se puede hacer crecer? ¿Cómo podemos hacer que ese dinero sea más grande? Eso es a través del gobierno. Cuando uno solicita recursos de la federación (a través del INAES, SAGARPA [Instituto Nacional de la Economía Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación], hay muchas instancias de gobierno que apoyan a comunidades). […] Este tipo de recursos se pueden potenciar con esas instancias de gobierno y la empresa está aquí también para ayudarles a bajar esos recursos de la federación, con los dineros que la propia comunidad ya recibió y que son dueños (Hidroeléctrica-Puebla, 2015).

La compañía se compromete a asesorar en la gestión de recursos gubernamentales para proyectos productivos. Sin embargo, se ha denunciado la creación de grupos similares al FCUDP para estos fines. La organización BioSierra A. C., parte de Comexhidro (SENER, 2015), ha servido como vehículo para estas gestiones.

Los apoyos, consistentes de una máquina para hacer tortillas e insumos apícolas, no obstante, fueron entregados por personal de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) del gobierno del estado […] BioSierra, de la que no se tienen mayores detalles, afirmaron que los apoyos fueron por parte de ellos. Incluso estos representantes hicieron uso de la palabra durante el acto protocolario y subrayaron que la aportación era parte de la iniciativa privada […] A pesar de lo anterior, Pérez Merchant [representante de SECOTRADE] reconoció que no había relación alguna ni con Deselec ni con la asociación civil; incluso rechazó que éstas hubieran hecho alguna gestión de los apoyos, aunque justificó su presencia en el lugar para “verificar” que los productos entregados eran de calidad (Puga, 2013).

La intervención social de Comexhidro no solo le permite conocer dinámicas organizativas de las comunidades, sino insertarse en ellas y modificarlas a través de la creación de grupos intermediarios que cumplen varias funciones, incluso el hostigamiento y la fricción cotidiana (Adrián, entrevistado el 15 de junio de 2016). En este sentido es estratégico el flujo de bienes por parte de la empresa.

Entre 2014 y 2016, Comexhidro reportó la entrega de “apoyos en especie o efectivo a las comunidades” por $1 248 434 (Deselec-Comexhidro, 2014, 2015, 2016), cantidad que se distribuyó en los municipios de Tlapacoya, Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, puesto que Puebla I se ubicaba en los límites de los tres. Aunque la compañía no hizo explícito el criterio de asignación, en la Figura 3 se observa cómo los primeros dos años los recursos fluyeron hacia todas las localidades próximas, excepto a la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán.

En 2016, San Felipe Tepatlán recibió por primera vez recursos por un monto total de $103 933, cifra que representa 20% de las donaciones de ese año a todas las localidades.⁴ Sin embargo, 30% de este monto responde a apoyos destinados a los afectados por el huracán Earl. El resto -salvo 2% que se entregó en juguetes y pastel para la celebración del Día del Niño- se canalizó, en su mayoría, al ayuntamiento que recibió 53% de las donaciones para organizar las celebraciones del Día de las Madres y del Maestro (véase Figura 4).

Aquí se argumenta que dicho comportamiento corporativo está relacionado con la mayor concentración de opositores en la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán, la cual tuvo visibilidad pública en 2015. En ese año se intensificaron las acciones de protesta, se presionó a las autoridades municipales para que revocaran el cambio de uso de suelo otorgado en 2009 (Ánimas, 2016), y se cuestionó la legitimidad de la consulta pública (SENER, 2015).

La Secretaría de Energía coordinó la consulta en tres fases: acuerdos previos, información y consulta. La primera arrancó en abril de 2015, cuando Comexhidro ya contaba con permisos de impacto ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011), generación de energía (Comisión Reguladora de Energía, 2013), y cambio de uso de suelo (Ánimas, 2016). Por esto se cuestionaba el sentido de una consulta posterior a la entrega de autorizaciones, además de la opacidad en los lineamientos para llevarla a cabo (Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educación e Investigación et al., 2015). En dos ocasiones se intentó realizar la consulta, pero se suspendió, ante las protestas de los opositores (Luna, 2015; SENER, 2015).

Después de estas acciones, el presidente municipal emitió un comunicado donde se le informaba al comité técnico asesor, encargado de la consulta, que se habrían llevado a “feliz término” las fases de acuerdos, información y consulta en Xochimilco, Xochicugtla (Dávila, 2015). No obstante, respecto a la consulta de San Felipe Tepatlán señaló: “[…] fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, mismos que se manifestaron de no querer llevar a cabo la última fase y no permitieron la realización de la misma” (Dávila, 2015).

Los adjetivos utilizados por el presidente municipal ejemplifican su posicionamiento; consideró que llegaron a “feliz término” las consultas favorables a la implementación del proyecto, mientras que el proceso en San Felipe Tepatlán fue “viciado” por la oposición, que lo rechazó. Además, agregó que se debía precisar lo que se define por “impacto”, para delimitar quiénes serían los sujetos impactados (Dávila, 2015). El presidente municipal recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicar los “impactos significativos”, como los que ocasionan la pérdida de territorio y tierra tradicional, el desalojo, la migración o el reasentamiento; el agotamiento de recursos para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente, la afectación comunitaria, las repercusiones sanitarias y nutricionales de larga duración, el abuso y la violencia, y concluyó que:

Analizando los puntos mencionados anteriormente en función de los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 durante las etapas de construcción y operación, y adoptados en el protocolo para la Consulta Previa del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, consideramos que no existen las condiciones para incluir a la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán en el proceso de consulta (Dávila, 2015).

El presidente municipal estimó que era innecesaria la consulta a los habitantes de su jurisdicción, con lo que facilitó la implementación del proyecto, y bloqueó las muestras de rechazo que se concentraban en San Felipe Tepatlán. Aspecto que sostiene el comportamiento benefactor diferenciado de Comexhidro respecto a las otras localidades. Así, la empresa no invertía recursos en un lugar políticamente adverso. Por otra parte, también se entiende la estrategia de canalizar los recursos a través de las autoridades municipales que se habían mantenido leales al proyecto y a la empresa.

Proyecto minero Ixtaca

Es el más avanzado en la fase de exploración, el de mayor antigüedad y extensión en la Sierra Norte de Puebla; llegó a contar con 18 títulos de concesión, que sumaban 112 320 hectáreas, registrados por su filial Minera Gavilán S. A. de C. V. (SIAM, 2013). En 2014, Almaden Minerals desistió de 11 de los 18 títulos que poseía, equivalentes a 76 463.6 ha, con lo cual liberó 68% de su área concesionada;⁵ sin embargo, mantuvo siete (35 856.7 ha), donde se encuentra el polígono principal de exploración, de 2 235 ha (véase Figura 5).

En el área de exploración se ubican las comunidades de Santa María Zotoltepec, Zacatepec y Tuligtic, y cercanas a ella las tierras ejidales de Almeya, Xocoxiutla, y Santa María Zotoltepec (véase Figura 5). En forma similar a lo hecho por Comexhidro, Almaden Minerals ha mantenido una política de RSC, traducida en la entrega de “beneficios” y en una primera fase operativa exitosa. Esto debido a su capacidad de insertarse en los espacios que el Estado ha dejado vacíos, principalmente en salud, educación y empleo.

Todas las localidades dentro del área concesionada tienen un grado de marginación alto, que resulta de cifras negativas en escolaridad y condiciones de vivienda, densidad poblacional baja, carencia de bienes y servicios básicos, poca ocupación laboral e ingresos económicos inferiores a los dos salarios mínimos (Consejo Nacional de Población, 2005). Esto hace susceptible a la población ante proyectos que planteen mejores condiciones de vida; por ejemplo, 80% de los habitantes de Santa María Zotoltepec no tiene acceso a servicios de salud pública, en contraste con 60% de la población municipal que carece de él (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010).

Aspecto que Almaden Minerals ha atendido mediante jornadas de salud y donaciones de equipamiento médico, lentes y sillas de ruedas:

Almaden, junto con todos sus socios, ha donado equipo biomédico para los servicios de salud del municipio, como lo son monitores de signos vitales para el Hospital Regional de Ixtacamaxtitlán y un ultrasonido para la clínica de salud de Santa María. Igualmente se construyó un salón de usos múltiples para la clínica de salud. Almaden identificó la necesidad de exámenes oftálmicos y lentes para algunos niños, y fue grato poder ayudar para proporcionarlos. Almaden ha participado con la Wheelchair Foundation y el DIF Estatal [Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia] para la donación de más de 500 sillas de ruedas en Puebla y para el municipio de Ixtacamaxtitlán, con el objetivo de ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad. Almaden espera continuar con este programa de alto impacto social donando muchas sillas de ruedas en el futuro (Almaden Minerals, 2014, p. 34).

En otro ejemplo, las tres localidades donde se ubica Ixtaca tienen un promedio de escolaridad de 5.4 años, por debajo de la media estatal y nacional, de 7.95 y 8.63 respectivamente (INEGI, 2010). Así, el acceso deficiente a la educación es otro aspecto que la empresa ha sabido satisfacer con la entrega de becas y apoyos, para equipar o mejorar la infraestructura de las escuelas locales.

Almaden ha iniciado una relación de trabajo con la única universidad local, en donde se entregan 10 becas de excelencia académica, premiando a cinco mujeres y a cinco hombres. La intención es de continuar con este programa, otorgando 10 becas cada cuatro meses para los estudiantes con las mejores calificaciones. Asimismo, se han donado seis laptops y tres tablets a los mejores estudiantes de la zona (Almaden Minerals, 2014, p. 30).

Almaden Minerals ha cubierto incluso necesidades insatisfechas para la población que vive por debajo de la línea de bienestar, como recreación y entretenimiento. Se contabilizaron 103 acciones en el discurso de la RSC; desde la dotación de regalos como mochilas, tabletas y premios en efectivo, hasta el apoyo con infraestructura (ProIxtaca, 2013-2018). La compañía ha concentrado sus acciones en el rubro de información, el cual se enfoca en la difusión de la práctica minera y del proyecto Ixtaca (véase Figura 6).

Con frecuencia, la línea entre estos rubros es difusa; por ejemplo, 11 de las 49 acciones informativas consistieron en excursiones a minas del país. Así, a partir de ellas se asocia el proyecto minero con una imagen lúdica, y la información se vierte a través de la experiencia recreativa. Lo mismo ocurre con las reuniones informativas, pues a menudo ofrecen comida, bailes y rifa de regalos (Asamblea de Zacatepec, 2009; Minera Gorrión, 2017).

Un efecto adicional que se desprende de estas acciones es la normalización de la práctica minera. Hay expresiones que aluden a la minería como un fenómeno frecuente y próximo a los asentamientos urbanos; que no irrumpe, ni amenaza la cotidianeidad de las localidades: “Esta es la entrada de la mina Villa Seca, [Guanajuato] y como pueden ver, afuera hay casas! La mina está básicamente en la ciudad! Y la gente vive de lo más normal [sic]” (ProIxtaca, 2013).

El tema de la información es central, por ello no extraña que la mayoría de las acciones de Almaden Minerals se orienten hacia ella. Por la forma en que se ha conducido permite crear una imagen corporativa favorable, lo cual puede llevar al efecto local deseado: obtener la licencia social para operar. Al mismo tiempo, le permite proyectar una imagen de la RSC dirigida a los inversionistas, y constituir un respaldo legal de cara a los requerimientos formales de consulta pública. No obstante, también invisibiliza los brotes iniciales de resistencia local hacia el proyecto.

La empresa manifiesta, con acciones informativas publicitadas, su compromiso ético con las comunidades -o grupos de relación, como traduce el término de stakeholders- aludiendo a dinámicas horizontales:

En ese aspecto, nosotros vemos a nuestros grupos de relación como socios durante el proceso de desarrollo, es por eso que hemos comunicado los posibles impactos para el desarrollo del recurso para que todas las partes involucradas estén informadas de lo que implica (Almaden Minerals, 2014, p. 7).

Sin embargo, es necesario contrastarlo con una de las primeras muestras de tensión local. En 2009, Zacatepec solicitó información a la compañía sobre el proceso de barrenación en predios de la comunidad, pues a raíz de las perforaciones hubo afloramientos de agua. La respuesta fue en contrasentido a su declaración:

[Un representante de Almaden Minerals] acudió ante el secretario general del H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, a quien le entregó poca documentación en copia simple, pero que para la autoridad municipal ERA INSUFICIENTE la documentación que les presentó a dichas autoridades municipales por parte del señor FLORENCIO SANTIAGO CARRASCO, como para poder acreditar la legalidad de los trabajos de minería en la región […] Todos los presentes tienen conocimiento que las personas que están al frente de MINERA GAVILÁN S.A. DE C.V., solo se dirigen con muy pocas personas, sin externar información clara y precisa sobre los trabajos que están desarrollando, SIN INFORMAR A LOS HABITANTES DE ZACATEPEC, así como a los propietarios de los predios que se ubican en la misma localidad (Asamblea de Zacatepec, 2009).⁶

Resultó contradictorio el proceso de información y consulta publicitado por Almaden Minerals, ante su comportamiento hacia una demanda directa y expresa de información de los habitantes de Zacatepec. Además, dicha comunidad requería que agentes de la empresa explicaran los impactos ambientales y la presencia de personas que se identificaban como encuestadores contratados por la compañía (Asamblea de Zacatepec, 2009). El acuerdo final fue: “No dar ningún permiso en ningún lugar de los predios de Zacatepec a Minera GAVILÁN S. A. de C. V., ni a ninguna otra empresa para desarrollar trabajos de exploración, así como para explotación minera” (Asamblea de Zacatepec, 2009).

Incluso un mes después, en agosto de 2009, interpusieron una denuncia ciudadana ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por los mismos motivos discutidos en la asamblea: “Se observó que una de las perforaciones con profundidad de aproximadamente 500 m […] está brotando agua y se tienen residuos peligrosos combinados almacenados con los de otro tipo, además de que el producto del barrenado lo están disponiendo en predios aledaños” (PROFEPA, 2009). La comunidad respondió con una escalada de acciones legales ante la desatención de la empresa que, por el contrario, centró la atención y la fuerza de la RSC en Santa María Zotoltepec, la más próxima a las operaciones y la receptora principal de los beneficios, que ha trasformado significativamente su fisonomía con las mejoras a la infraestructura y el remozamiento. Al mismo tiempo, la RSC se desdibujó en el resto de las comunidades, donde han existido tensiones, como en Zacatepec.

A la vez, Almaden Minerals desplegó acciones orientadas a la construcción de una identidad nueva vinculada con la empresa. Fue simbólica la inauguración, en 2014, de un módulo de información dentro del recién remozado edificio de gobierno, con lo que afianzó su posición como actor político central. A partir de este momento las acciones se centralizaron en Santa María Zotoltepec y en esa oficina, y también el punto de quejas; cualquier crítica o solicitud de información debe dirigirse ahí.

Más allá del remozamiento y la ocupación de edificios emblemáticos en el ámbito político, en torno a la empresa también se articuló la promesa de un panorama económico nuevo para el proyecto minero. Al mismo tiempo se modificó el plano político, pues estableció formas innovadoras de interacción intercomunitaria que colocaron a la compañía en el centro. A partir de sesiones informativas, Almaden Minerals impulsó la conformación del “comité de enlace comunidad-empresa” (ProIxtaca, 2018), para contribuir a la intermediación política entre grupos de poder y las comunidades externas.

También gana centralidad en la resignificación y articulación de valores, es decir, reproduce expresiones culturales que se consideran aceptables dentro de la comunidad, como festividades -Día de las Madres, Día del Niño, Día de Muertos, posadas-. Coordina incluso las actividades de esparcimiento; organiza regularmente talleres de lectura, danza e inglés; concursos y entrenamientos deportivos y de verano, así como excursiones a sitios arqueológicos, zoológicos, parques de diversiones y museos; busca crear “un sentido de identidad, con armonía, con cultura, con empleo, con deporte, con salud, con educación” (ProIxtaca, 2014a).

Una estrategia recurrente es la proximidad con los menores de edad, a quienes les organiza cursos de verano especiales, festejos y reparto de dulces. Además, ha logrado insertar sus campañas informativas aprovechando los planteles educativos. En 2014 convocó a un concurso de dibujo llamado ¿Tú qué sabes de minería?, entre los niños de educación básica, con el fin de editar el calendario ProIxtaca 2015 (Ánimas, 2014). Los dibujos participantes reflejaron una homogeneidad discursiva entre los infantes, y gran familiaridad con el vocabulario minero; por ejemplo, se ilustra un paisaje reforestado con las leyendas: “Barrenación ahora reforestada” y “Cancha construida sobre presa de jales” (Ánimas, 2014).

Dicha homogeneidad no es casual, sino resultado del ejercicio intensivo de difusión de información. Un nuevo lenguaje minero comenzó a permear las narrativas locales, relacionado con la idea de empoderamiento, que se vuelve un principio de diferenciación social: “Empodérate [y ven a] conocer más del proyecto de exploración minera” (ProIxtaca, 2014b). Se despliegan argumentos similares como “tu celular, el vehículo, tu casa son resultado de la minería”; “el cianuro se encuentra hasta en la fruta”; “hasta la construcción de una carretera altera el ambiente”; “por lo menos la empresa genera empleo y nos da algo”; “tú o el gobierno qué hacen”.

Esto no solo permitía construir y reafirmar el consenso interno, sino cerrar el campo discursivo para hablar de la minería, y bloqueó la entrada a otras narrativas, como la de “los ambientalistas”. En 2012 se realizó una asamblea convocada por las autoridades auxiliares de Santa María, a la cual asistieron habitantes locales, a favor y en contra del proyecto, representantes de Almaden Minerals y de la organización civil Tetela Hacia el Futuro.⁷ En la reunión se mostró la tensión y el bloqueo hacia los opositores externos. En este caso, integrantes de Tetela Hacia el Futuro relataron así la experiencia:

Fuimos a Ixtacamaxtitlán porque -teniendo tanto éxito nosotros- María nos dice: “vayan a compartir su experiencia ¡vamos!, va a haber una reunión con los mineros” y nos lleva a Ixtacamaxtitlán. Nosotros ingenuos fuimos, fuimos como seis u ocho, y salimos corriendo. O sea, nos subimos a los coches así de “súbanse en este instante” la gente estaba furiosa […] había momentos en los que volvíamos a hablar porque la gente nos preguntaba cosas y ya los mineros empiezan a gritar. Hay un momento en el que, a Pedro, que fue el último en hablar, lo rodearon todos los mineros y le empezaron a decir de cosas […] yo estaba preocupada por mis hijos, yo llevaba a mis dos hijos (Luisa, entrevistada el 15 de junio de 2016).

El fragmento anterior muestra la disputa discursiva que Almaden Minerals domina, al lenguaje técnico-científico en torno a la minería. Mastretta escribió una crónica de la asamblea, en la que describió cómo respondió el representante de la empresa a la propaganda de la organización ambientalista:

Repartieron una hoja que contiene información falsa, sensacionalista -dice para arrancar-, y su mano levanta unas cuartillas que en la próxima media hora acompañarán los movimientos de sus manos y sus ilusiones y sus agravios contra los que él llama “ambientalistas”. Yo tengo otra, con ella voy a contestar punto por punto, con una explicación un poquito más detallada, real, no sensacionalista, información real y detallada, sin tratar de hacer bulla ni nada. Todo esto para que ustedes hagan un poquito de conciencia y recuerden cómo ha funcionado la empresa y cómo los ha tratado a ustedes (2012).

El representante de Almaden Minerals argumentó contra los señalamientos que cuestionan la minería, como fuente de desarrollo y progreso, invocando el vínculo entre minería y desarrollo civilizatorio, lo que ejemplificó destacando los objetos modernos utilizados por los ambientalistas y elaborados a partir de minerales. Por otra parte, minimizó los daños y los explicó como “errores” individuales y atípicos:

Así que no se dejen llevar por las puras cosas malas. Por eso les digo, yo soy realista, yo estoy tratando de que se lleven los puntos interesantes, no se dejen llevar por lo malo […]. Ellos no vienen a darles empleos, ellos vienen a inconformarlos. Ven cuántos empleos se han dado, ahora imagínense si se pone una mina (Mastretta, 2012).

La comunidad nueva, recreada por Almaden Minerals, también cuenta con la aceptación generalizada del proyecto; pues está informada y lo aprueba, desde una superioridad intelectual, de la cual se ha de sentir orgullosa. Los opositores son representados como ignorantes:

Todos los que estamos por allá somos campesinos. Aunque nos dicen ahora que somos la legión charra, pero pues tenemos que defendernos. Que somos un grupo, un pelotón, pero que sólo somos chillones. Pero solo estamos defendiendo a la gente que no sabe. [¿quién les dice así?] El periódico que pasaron, el Séptimo Periódico [de Ixtacamaxtitlán], lleva un poco de discriminación hacia quienes estamos en el frente, pero tenemos que responderles en su momento y en nuestro derecho (Darío, entrevistado el 26 de junio de 2014).

El caso de Ixtacamaxtitlán muestra un contexto adverso para los opositores. De forma casi generalizada la empresa ha logrado construir un sentido de lealtad en Santa María Zotoltepec. Así se defiende discursivamente al proyecto; aunque también deben enfrentarse a las adversidades prácticas. Un habitante de Santa María y exempleado de la empresa relató el hostigamiento y acoso -incluso por las autoridades municipales- sufrido a raíz de su oposición. Dijo que el equipamiento básico era deficiente, carecía de botas de trabajo y, al principio, no se tenía acceso a seguridad social. También detalló situaciones de violencia laboral, entre compañeros y encargados del proyecto, desde apodos hasta una agresión sexual entre trabajadores. En este caso la agresión no se reprendió, más bien los encargados la solaparon: “Todos lo supieron, los gringos […] el gringo que hablaba muy poco español, cómo le daba risa, lo apapachaba y le decía [al agredido] ‘¿qué tal?’ [y le preguntaba si lo había disfrutado] (Ignacio, entrevistado el 19 de noviembre de 2013).

El obrero mencionado dio una declaración a la prensa, señaló las condiciones laborales, el condicionamiento de apoyo a las comunidades, incluso que la empresa le daba $400 000 a la Presidencia municipal. Con esto consiguió su desacreditación, y también que la dependencia comenzara a desplegar acciones por la supuesta difamación, mediante un acto judicial irregular. Al respecto, otro opositor, abogado y habitante de la localidad comentó: “El citatorio lo envió la Presidencia municipal [normalmente] lo mandan a través de los regidores o de los policías o con un notificador, resulta que se lo trajo un trabajador de la minera” (David, entrevistado el 19 de noviembre de 2013).

De manera similar, hubo habitantes que expresaron otras formas de mala praxis de la empresa: “Como no tiene uno conocimientos, nadie da información; oye uno que están trabajando, pero no sabe uno ni qué o para qué” (Darío, entrevistado el 26 de junio de 2014); “[…] los presidentes que estuvieron de 2001 hasta 2013 ya lo sabían, pero nunca nos dieron a conocer esa información. Nosotros teníamos derecho a conocer todo eso para decidir si aceptábamos la empresa minera o no […]” (Guillermo, entrevistado el 26 de junio de 2014). También, el 26 de junio de 2014 se realizó una rueda de prensa por parte del Consejo Tiyat-Tlali, donde se presentaron testimonios de autoridades del ejido de Almeya y la comunidad de Loma Larga, Ixtacamaxtitlán, quienes denunciaron la intrusión en predios y caminos de las comunidades (Tiyat-Tlali, 2014).

De esta forma, la oposición provenía principalmente de las comunidades cercanas al proyecto fuera de Santa María Zotoltepec. En 2014 comenzó a abrirse el campo político para esos opositores, como resultado del proceso de resistencia que estaba ocurriendo en la región. Al mismo tiempo se empezó a distender la tensión en los otros casos contenciosos, así como a socializar el proyecto minero como un problema, a facilitarse la articulación de opositores y a visibilizarse la violencia detrás de la RSC.

Conclusiones

En San Felipe Tepatlán destaca la conformación de un horizonte de coerción no solo metafórico sino que se territorializó, al establecer redes clientelares a partir de la entrega intensiva de recursos, primero orientada a las cabeceras municipales y luego a localidades menores. Como en dicho municipio se concentró la mayor resistencia al proyecto, los apoyos llegaron hasta 2016, a través de la autoridad municipal. Se puede ver la eficacia de esa acción, cuando el presidente municipal excluyó a San Felipe Tepatlán como sujeto de consulta pública, y a la vez cómo estableció intermediarios eficaces que canalizaban la entrega de beneficios, mediante su asociación civil BioSierra, o la violencia ejercida por el FCDUP.

En Ixtacamaxtitlán es central la reciprocidad negativa, pues las posibles afectaciones ambientales, así como la desterritorialización -como pérdida del control político del espacio local- son veladas por una entrega intensiva de dones falsos. Al mismo tiempo, el desarrollo de las tensiones muestra la presencia de autoridades municipales inoperantes o que participan en el acoso hacia los opositores, o bien grupos de actores que facilitan la apertura de canales a través de los cuales fluye información sesgada en favor del proyecto minero. Al final también se observa cómo opera el horizonte de coerción, una vez que la localidad obstruye la entrada de actores externos -como los activistas regionales-, y cierran el campo discursivo para socializar los proyectos.

En ambos casos, al principio los escenarios hacia los proyectos y las empresas fueron favorables, pero el análisis de las particularidades permitió conocer la existencia de tensiones y muestras de rechazo, que no se pudieron articular en el ámbito local ni en el regional. Fue hasta que se fortaleció el proceso de resistencia regional cuando se pudo redireccionar la fuerza política de la resistencia, para atender los casos que habían permanecido ocluidos, y así abrir los cercos respectivos tendidos sobre los opositores locales.

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Notas

1 Identificados con pseudónimos por seguridad.

2 Destaca La Jornada de Oriente, con cobertura regional entre Puebla y Tlaxcala; El Sol de Puebla, de circulación estatal; Municipios Puebla, de cobertura estatal y la página de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el periodo de 2012 a 2016.

3 Además de interpersonal y sistémica, la violencia también se entiende como simbólica. Esto ocurre en las prácticas sostenidas sobre formas de exclusión —género, clase, etnia— incluso del campo discursivo (Zizek, 2008). Así, la violencia canalizada puede anteceder a las muestras de rechazo de la comunidad, y conformar la cotidianeidad de la relación corporación-comunidad.

4 La empresa entregó $200 000 a siete localidades afectadas por el huracán Earl. También $27 840 como “gastos de viáticos” a Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, pero no se especificó en qué proporciones. Aquí se supuso que la asignación fue equitativa, para no sesgar significativamente el estimado. Aunque los $227 840 se hubieran entregado a San Felipe, no igualaría el monto destinado a Tlapacoya.

5 Este desistimiento puede responder a varios motivos: a) los gravámenes nuevos, impuestos por la reformada Ley Minera; b) como estrategia de presión ante dichas reformas y c) para dejar sin efecto los juicios de amparo promovidos por comunidades locales y que obligaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera (Cárdenas, 2013).

6 Resaltado en el original.

7 Tetela Hacia el Futuro se creó como una organización de oposición al proyecto minero Espejeras, en el centro de la Sierra Norte, municipio de Tetela de Ocampo, próximo a Ixtacamaxtitlán.

Notas

Cómo citar: Manriquez-Bucio, Y., y Urquijo Torres, P. S. (2019). Responsabilidad social corporativa como forma de control político en proyectos mineros e hidroeléctricos de la Sierra Norte de Puebla. región y sociedad, 31, e1171. doi: 10.22198/rys2019/31/1171

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