Introducción

De acuerdo con diversos estudios, la discriminación está extendida en la sociedad mexicana, se manifiesta en múltiples escenarios y relaciones, se practica de manera consciente o inconsciente, y se sustenta en prejuicios de todo tipo y en barreras de exclusión a oportunidades de desarrollo individual y colectivo en todos los ámbitos de la existencia humana: social, político, económico y cultural (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2003; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED 2004a y 2004b; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO 2006; Ronquillo 2011; Raphael 2012; Székely 2006; Székely y Fuentes 2010). Las dos primeras encuestas nacionales sobre discriminación en México (ENADIS), levantadas en 2005 y 2010 (CONAPRED 2011; 2005), presentan un cúmulo de evidencias que confirman la amplitud de las percepciones y actitudes discriminatorias de las/os mexicanos respecto del origen étnico o racial, las preferencias sexuales, las tradiciones religiosas, las condiciones socioeconómicas, la vejez, las discapacidades, las enfermedades crónicas y la situación migratoria, entre otras condiciones o características que definen las singularidades del ser humano (CONAPRED 2011; 2005). De acuerdo con los datos de la última encuesta, alrededor de la mitad de los mexicanos mayores de 11 años ha sentido que sus derechos no se han respetado, por lo menos una vez en su vida, debido a alguna característica asociada a su situación económica, personalidad o preferencias.

Las mediciones de la pobreza en México también indican que es una condición de larga data, y que aún hoy incide en gran parte de los mexicanos. Según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2016), en 2014, 53.2 por ciento de la población padeció algún grado de pobreza por ingresos y, de acuerdo con las estadísticas históricas disponibles, representa una proporción similar a la que existía en 1984 (Székely 2005).

Desde otros ángulos, la distribución social y territorial de la pobreza muestra un patrón que tiende a reforzar las condiciones de desigualdad prevalecientes entre regiones y grupos sociales. En la escala territorial se siguen observando brechas profundas entre las entidades más urbanizadas e industrializadas del país, y las que cuentan con una población en su mayoría rural y dedicada a las actividades primarias. Entre este último subconjunto destacan los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por ser los más pobres y con la mayor proporción de habitantes rurales e indígenas. La intensidad de la pobreza en los indígenas, medida con la metodología multidimensional, no se limita a los de dichas entidades, sino que aqueja a todos los que habitan en el territorio nacional.

De acuerdo con el CONEVAL (2015), la pobreza entre los indígenas supera 73 por ciento, y llega a 53.9 y 54.1 en la población menor de 18 años y las personas con discapacidad respectivamente (CONEVAL 2015). En la mayor parte de la literatura especializada en el estudio de la discriminación, se da por sentado que las prácticas y actitudes discriminatorias tienen una incidencia mayor entre las personas económicamente más débiles. La legislación mexicana en la materia reconoce a la condición económica de los individuos¹ como una causal de discriminación, y la magnitud con la que se presentan ambos fenómenos permitiría conjeturar que su área de intersección es amplia. Sin embargo, la evidencia presentada aún es insuficiente para conocer en qué medida la falta de recursos hace que las personas sean más susceptibles a ser víctimas de discriminación.

El objetivo de este artículo es mostrar las mediciones propias realizadas al respecto, con la base de datos de la ENADIS 2010 (CONAPRED 2011). Los resultados se presentan tanto para la población en general como para ocho grupos: mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, minorías religiosas, minorías étnicas, minorías sexuales y personal doméstico,² considerados por el CONAPRED como poblaciones en situación de discriminación. Para cumplir con el propósito del estudio se construyó un indicador de pobreza y un índice que mide su importancia relativa como factor de discriminación, en el ámbito de las percepciones y en lo referente a las experiencias de los individuos como víctimas de tratos discriminatorios.

La evidencia presentada aquí muestra que la discriminación tiene mayor incidencia entre las personas en condición de pobreza y, salvo algunas excepciones, es un comportamiento que se repite para la mayoría de los grupos vulnerables. Desde el punto de vista de las inequidades, los escenarios descritos también sugieren que la discriminación tiende a reforzar las desigualdades, que de por sí ya genera la pobreza, al establecer barreras de exclusión o imponer desventajas inmerecidas por motivos distintos a los de la situación económica de las personas.

En el primer apartado se revisa literatura relevante que ha discutido, a escala nacional e internacional, la relación entre pobreza y discriminación. En el segundo se explican los detalles de la estrategia metodológica empleada para la utilización de la ENADIS 2010 en la construcción de los indicadores e índices, y en los procesamientos que permitieron valorar la importancia de la pobreza como factor de discriminación en México. En el tercero se muestran los hallazgos principales de esta aproximación, los cuales, además de confirmar en lo general la prevalencia de la discriminación en condiciones de pobreza, ofrecen un panorama de su comportamiento en los ocho grupos considerados vulnerables y que tradicionalmente han sido víctimas de tratos discriminatorios. En el último se sistematizan las conclusiones principales, y se incorporan algunas reflexiones sobre las implicaciones de los resultados para el conocimiento de los entresijos de la desigualdad social en México.

Discriminación y pobreza: ¿fenómenos entrelazados?

Uno de los primeros en relacionar la discriminación y la pobreza fue Lester Thurow (1969), quien los describió como un par de problemas gemelos (twin problems), que son de la misma clase, y entiende que están relacionados con la distribución del ingreso (1969, vii). Con este supuesto, y al considerar la distribución del ingreso como una medida de discriminación, Thurow concluyó, después de analizar datos censales de población de Estados Unidos, que la discriminación produce pobreza, limita las oportunidades de obtener mejores ingresos y, en general, recorta las alternativas para que los individuos y las familias discriminadas tengan acceso a una educación suficiente en cantidad y calidad. “La mayor parte (82 por ciento) de la diferencia entre la incidencia de la pobreza de los blancos y de los negros se explica por el hecho de ser negro y tener un bajo nivel de educación” (Thurow 1969, 42). Para este autor, la discriminación es un juego de suma-cero: lo que pierde un grupo lo gana el otro. Con un modelo de pobreza, que incluye entre sus causas la discriminación, Thurow estimó en un rango de 5 a 15 mil millones de dólares, la suma que “anualmente ganan los blancos (y pierden los negros) por la discriminación en Estados Unidos” (1969, 134).

En estudios más recientes se insistió en situar en el mercado el vínculo discriminación-pobreza; por ejemplo, Kevin Lang discute los fundamentos de una teoría de la discriminación basada en prejuicios, a los que define como actitudes que pueden o no derivar en actos de discriminación.³ Lang supone que los mercados de trabajo pueden limitar la discriminación (porque los agentes económicos tienen interés en obtener la mejor combinación de factores, que incluye mano de obra, sólo cuando funcionan correctamente, porque cuando no lo hacen el prejuicio puede causar discriminación.⁴ Como Thurow (1969), Lang se concentra en la discriminación por raza, pero advierte que su teoría, con cambios menores, se puede aplicar a la ejercida por sexo o contra miembros de otros grupos (Lang 2007, 265).

En México son pocos los estudios que relacionan expresamente pobreza y discriminación. El segundo tema es más reciente y, en general, los autores lo abordan con otros conceptos relacionados, aunque sin ser sinónimos estrictos, como exclusión, desigualdad y segregación. Abundan las investigaciones sobre la discriminación contra las mujeres (Hölz 1992; Mendoza y García 2009; Frías 2011), y los referentes a la pobreza de las mujeres (Rodríguez 2012), pero son pocos los que discuten abiertamente la relación entre ambos temas. Uno de estos trabajos es el de Ana María Tepichin quien, al tratar de avanzar en la comprensión del vínculo desigualdad de género y pobreza, propone concentrarse en la actividad económica de las mujeres, pues piensa que es ahí donde opera la determinación mutua de género-pobreza, en la forma de “manifestaciones de desigualdad que moldean la pobreza que viven las mujeres y reducen sus alternativas para hacerle frente y sus posibilidades de superarla” (2013, 150). Ella argumenta que los prejuicios contra las mujeres impedirían que este grupo discriminado generara un ingreso suficiente y lo trasformara en una mejor condición y posición social.⁵

En el ámbito nacional también son numerosos los estudios sobre la discriminación ejercida contra la población indígena (Castellanos 1994; Gall 2004; Hernández-Rosete y Maya 2016), y acerca de la pobreza de este grupo (Torres et al. 2007; Barrera et al. 2015). Pero, al igual que en el caso anterior, pocos autores discuten la naturaleza del vínculo discriminación-pobreza, excepto Jorge Horbath, quien analiza el efecto de la discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México.⁶ Él defiende la hipótesis de que las prácticas discriminatorias contra la población indígena limitan su acceso a empleos bien remunerados y a una educación de calidad, y los condena a una situación de marginación y pobreza. “Las condiciones precarias en las que se encuentra la población indígena en México son resultado no solamente del rezago económico y social de sus comunidades, sino también de una clara y sistemática discriminación y segregación, que limita su capacidad como grupo social” (Horbath 2008, 48-49). Estima que el ingreso de los indígenas es 21 por ciento menor al de los no indígenas, en las áreas urbanas de las zonas metropolitanas de México (2008, 43). Por posición ocupacional y para todo el país, la brecha salarial entre indígenas y no indígenas es de 34 por ciento para los obreros, 57 para jornaleros y peones en el campo, y 67 para trabajadores por cuenta propia (2008, 50). Una conclusión adicional de Horbath se refiere al efecto acumulativo de la discriminación múltiple; ya que la combinación de ciertas características la acentúa. Por ejemplo, las mujeres indígenas registran índices superiores de discriminación salarial y educativa que los hombres indígenas (2008, 50).⁷

En general, quienes estudian el vínculo discriminación-pobreza suponen que la primera es causa de la segunda; pero también sucede lo contrario. Lahoz et al. (2011) apuntan que las mujeres indígenas de una comunidad pequeña en Veracruz son víctimas de segregación y discriminación por ser pobres. Una de las entrevistadas dijo que “la misma gente te separa de las otras, te denigra, te pone en un lugar donde tu estés sola porque eres pobre, no te escucha, no te respeta, eres pobre, nadie te quiere, cualquier persona hace este, como decirte, burla, te humilla […] tienes nada […] Ser pobre es un peso sobre cada persona, un peso grande” (2011, 143).

A escala nacional, los únicos datos disponibles que aproximan una medición de la pobreza como origen de la discriminación son los que aparecen en el informe de CONAPRED (2011), en el que se describen los resultados generales de la ENADIS 2010. En este informe se presentan algunas gráficas que vinculan las percepciones de las personas como sujetos de discriminación con su “condición socioeconómica” y, en general, demuestran que los indicadores mantienen una relación inversa: entre menor es la condición socioeconómica, mayor es la sensación de discriminación. Este esfuerzo, sin embargo, adolece de una explicación metodológica que permita conocer cómo se construyó el indicador que alude a la “condición socioeconómica”, lo cual impide valorar su pertinencia como medida de pobreza.

Como se puede desprender de esta revisión, los estudios coinciden en establecer una conexión estrecha entre pobreza y discriminación, y aunque la relación de causalidad que se busca analizar cambia de un estudio a otro, la mayoría considera a la discriminación como causa de pobreza. Aquí se adoptó una perspectiva bidireccional, es decir, que la falta de recursos económicos origina discriminación, pero al mismo tiempo las barreras de exclusión que imponen los tratos discriminatorios obstaculizan el acceso de las personas a oportunidades de empleo, ingreso o educación, que les permitirían salir de su pobreza. Se exploró sólo la primera parte de la ecuación y, mediante el uso de la base de datos de la ENADIS 2010,⁸ se cuantificó la importancia del factor pobreza sobre las actitudes y comportamientos discriminatorios de que son objeto las personas en México.

Consideraciones metodológicas sobre el uso de la ENADIS 2010

La ENADIS 2010 permite medir la importancia de la pobreza como factor de discriminación. Sin embargo, no es posible estimar esta aproximación de manera directa; para ello, antes fue necesario efectuar una serie de procesamientos a fin de hacer operativo un indicador de pobreza que fuera metodológicamente sólido considerando las limitaciones propias de la encuesta, y que permitiera separar a la población encuestada en pobre y no pobre. Después de revisar lo cuestionarios y de verificar las dificultades para instrumentar la medición multidimensional, adoptada en fecha reciente por el CONEVAL, se optó por emplear la metodología tradicional, que cuantifica a la población pobre según la disponibilidad de ingresos en las familias.⁹

Esta última metodología se basa en la construcción de “umbrales” de ingreso familiar per cápita que, en teoría, les impediría a los integrantes de un hogar cubrir sus necesidades y consumos básicos. Según esta perspectiva, se establecieron tres umbrales de pobreza (alimentaria, de capacidades y de patrimonio), y para cada uno calcularon los ingresos que delimitan, para el ámbito rural o urbano, la pertenencia o no de un hogar a un estrato de pobreza determinado. Aunque el CONEVAL estableció la medición multidimensional como el método oficial a partir de 2009, no ha dejado de realizar las cuantificaciones por la vía de los ingresos, y mantiene actualizadas por mes y a precios corrientes las líneas que demarcan los umbrales de pobreza urbana y rural. Las últimas series publicadas abarcan de enero de 1992 a febrero de 2014 (CONEVAL 2014a).

Con base en estos elementos se decidió realizar los cálculos con la ENADIS sólo para la pobreza patrimonial, porque para este acercamiento es suficiente con distinguir los grados de discriminación que experimentan las personas que viven dentro o fuera de una condición de pobreza. En este umbral se define a la pobreza como la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios” (CONEVAL 2014b). Para determinar el monto de ingreso asociado a esta línea se tomaron en cuenta las fechas del levantamiento de la ENADIS 2010 (del 14 de octubre al 23 de noviembre), y el periodo al que hace referencia la pregunta 22 del cuestionario hogar, que dice: “ Ahora, pensando en todo el dinero que ganan en un mes todos los integrantes de su hogar ¿me podría decir cuánto fue el ingreso total del hogar el mes pasado?” Al considerar estos límites temporales, se estableció que la cantidad de ingreso que se debía utilizar para hacer los cálculos de pobreza aquí, tendría que resultar del promedio de los valores mensuales per cápita para la pobreza de patrimonio, urbana y rural, que el CONEVAL estimó para septiembre y octubre de 2010.

Para realizar las mediciones de pobreza a través de la ENADIS, primero se calculó, dentro de su base de datos, el ingreso mensual per cápita para cada uno de los 13 751 hogares entrevistados, lo cual requirió crear dos variables adicionales en las que se replicaron, para cada miembro dentro de su hogar respectivo, los valores siguientes: a) el monto del ingreso del hogar que se registró a través de la pregunta 22 (y que se capturó sólo para el informante) y b) el total de integrantes en el hogar. Esta última variable se construyó a partir de un procesamiento especial con el paquete SPSS, que permite el conteo de registros que comparten el mismo folio, ya que en el cuestionario sólo se preguntó por el número de personas que viven en la vivienda (pregunta 1), sin precisar cuántas pertenecen al hogar encuestado.

Una vez obtenido el ingreso mensual promedio por persona, de los 44 594 miembros que integran los 11 483 hogares que respondieron a la pregunta 22 (lo que arroja una tasa de no respuesta de 15.5 por ciento), el siguiente paso fue construir una variable dicotómica que permitiera distinguir a la población pobre de la que dispusiera de un ingreso superior a la línea de pobreza, correspondiente a su ámbito de residencia. En este último aspecto también se siguieron los criterios que aplica el CONEVAL para clasificar a las localidades rurales (con menos de 15 mil habitantes) y urbanas (con 15 mil o más). Como se puede apreciar en la Figura 1, los resultados de este ejercicio indican que existe una sobrerepresentación de la población pobre en la ENADIS, respecto de las mediciones realizadas por el CONEVAL para 2010, lo cual puede tener dos explicaciones posibles: los sesgos del diseño muestral de la ENADIS y sus limitaciones para captar el ingreso de los hogares.

No obstante lo anterior, el indicador de pobreza construido resulta válido para los propósitos de este estudio, lo que permite medir su efecto como factor de discriminación. Para captar este efecto se construyó un índice que mide la importancia relativa de las diferencias observadas entre las personas pobres y no pobres como víctimas de discriminación, al que se denomina relevancia del factor pobreza (RFP). La operación matemática empleada se podría representar de la siguiente manera, el rango de valores posibles estaría entre -1 y 1; los valores positivos indican que la discriminación tiene mayor incidencia entre la población pobre y los negativos que es mayor entre los no pobres:

R F P = %   p o b l a c i ó n   p 1 - % p o b l a c i ó n   n o   p o b r e   d i s c r i m i n a d a   ( p 2 ) %   p o b l a c i ó n   t o t a l   d i s c r i m i n a d a   ( p )

Como se expuso en la introducción, se busca captar este efecto tanto en el ámbito de las percepciones como en lo referente a las experiencias recientes de los individuos como sujetos de discriminación. Para abordar las percepciones se utilizó la pregunta 29 del cuestionario de opinión: “En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por […]?”. Este reactivo desagrega 14 características que por lo común originan actitudes discriminatorias, entre las que destacan: no tener dinero, la apariencia física, el género, la preferencia sexual, entre otras. Respecto a las experiencias recientes, se empleó la pregunta 1 del cuestionario tronco: “ Todos hemos tenido conflictos en nuestra familia, en nuestro trabajo o con otras personas. Dígame si usted ha tenido o no alguno de los siguientes conflictos desde enero hasta hoy”. Esta pregunta hace referencia a 17 situaciones que ilustran actos discriminatorios en las familias, en el trabajo, en el acceso a los servicios públicos o en las relaciones interpersonales.¹⁰

Para valorar su significancia estadística, ambos indicadores de victimización se sometieron a una prueba de contraste de diferencias de las proporciones obtenidas para la población pobre (p ₁ ) y no pobre (p ₂ ). Para estimar el estadístico de contraste se recurrió a la fórmula siguiente:

( p 1 ^ - p 2 ^ - ( p 1 - p 2 ) p ^ ( 1 - p ^ ) n 1 + n 2 n 1 n 2   → N ( 0,1 )

donde p ^ = n 1 p ^ 1 + n 2 p ^ 2   n 1   +   n 2 ; p ^ 1 = proporción calculada en población pobre; p ^ 2 = proporción calculada en población no pobre; p 1 = proporción poblacional en población pobre; p 2 = proporción poblacional en población no pobre; n 1 = número de pobres en la muestra; n 2 = número de no pobres en la muestra. Para esta prueba se asume como hipótesis nula (o H₀) que p ₁ = p ₂, por lo tanto p ₁ - p ₂ = 0.

Este test permite calcular, a través de tres niveles de confianza (90, 95 y 99 por ciento), si las diferencias son estadísticamente significativas; el inferior a 90 por ciento indicaría que no existe diferencia en términos estadísticos entre los porcentajes de discriminación entre pobres y no pobres, por lo que la H₀ (p ₁ = p ₂ ) sería aceptada. Los resultados de esta prueba se muestran en la última columna de la Figura 2 y 5.

Discriminación, pobreza y vulnerabilidad en México

Para analizar la discriminación a través de la ENADIS 2010 se crearon dos índices de victimización, uno que la mide desde el punto de vista de las percepciones sobre 14 características o singularidades de las personas, que han motivado la obstrucción en el ejercicio de sus derechos, y otro que la valora desde la óptica de 17 experiencias concretas, vividas por los entrevistados durante el año en que se levantó la encuesta. En ambos casos se distinguió el comportamiento de los indicadores para el total y para los subconjuntos de personas pobres y no pobres y, como medidas resumen, se obtuvieron los valores promedio de cada índice y el porcentaje de quienes respondieron afirmativamente al menos uno de los reactivos en cada serie. Para complementar el análisis estadístico se calcularon los niveles de confianza, mediante una prueba de contraste de diferencias de las proporciones obtenidas en todos los indicadores derivados de los índices de victimización, entre la población pobre y no pobre.

A partir de las percepciones, los resultados para la población en general muestran que para alrededor de la mitad de los mexicanos, los derechos no se han respetado en algún momento de su vida, al menos debido a uno de los 14 motivos considerados en la encuesta (véase Figura 2); en promedio, 20 por ciento de la población percibió este tipo de discriminación, si se considera al conjunto de los atributos, entre los que sobresalió la falta de dinero como la causa principal de victimización, con casi una tercera parte de respuestas afirmativas. Otros motivos que superaron la media, en orden descendente, fueron: la apariencia física, la edad, el género, la religión, la educación y la forma de vestir. En un rango de entre 15 y 20 por ciento estuvo el lugar de origen, el color de la piel, el acento al hablar, las costumbres y la preferencia sexual y, en menor medida, tener alguna discapacidad y trabajar en el servicio doméstico.

Ahora bien, hasta qué punto las diferencias en los porcentajes de los indicadores de victimización para este índice son significativas entre personas pobres y no pobres. Con base en la prueba de contraste, se puede afirmar que la edad fue la única característica que resultó estadísticamente no significativa; para el resto de reactivos, sus niveles de confianza permiten aceptar la hipótesis alternativa o H₁ (p ₁ ( p ₂ ), es decir, que las diferencias en las proporciones son significativas en términos estadísticos y, de acuerdo con el signo que toma el indicador RFP, es posible concluir que la pobreza es una condición que, de manera sistemática, atrae más discriminación.

Los resultados del RFP confirman que la edad fue el único motivo de discriminación que aqueja a pobres y no pobres casi en la misma proporción; en los demás atributos, la pobreza adquiere relevancia en casi 20 por ciento, en promedio; el acento al hablar o la preferencia sexual superaron 30 por ciento.

El análisis del índice de victimización a escala, de los ocho grupos investigados de manera específica, revela que, en proporciones cercanas a 70 por ciento, las minorías sexuales son las víctimas más numerosas de tratos discriminatorios. En orden de importancia le siguen, con porcentajes entre 56 y 58, las personas que realizan trabajos domésticos, quienes tienen alguna discapacidad y las minorías religiosas. Entre los que se sienten menos discriminados están las minorías étnicas, las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes, aunque su proporción se encuentra alrededor de 50 por ciento de su grupo respectivo. Si sólo se considera el motivo principal que genera sensación de discriminación, el índice se coloca cercano o por encima de 30 por ciento para todos los subconjuntos, y alcanza casi 50 en el caso de las minorías sexuales, que perciben a sus preferencias sexuales como la causa primordial de tratos discriminatorios. Otros grupos que refieren como principal motivo de discriminación a una razón distinta a la de no tener dinero son las personas con discapacidad y el personal doméstico, quienes colocan a su condición de discapacidad y a su educación, respectivamente, en el primer lugar de la lista (véase Figura 3).

Por su parte, el indicador del RFP muestra que la importancia de esta condición es poca o nula para dos grupos vulnerables, lo cual significa que las minorías religiosas y étnicas han enfrentado tratos injustos por el simple hecho de pertenecer a esos subconjuntos, sin importar su posición económica.¹¹ Para el personal doméstico y las/los jóvenes, la pobreza juega un papel relativamente importante, pero aumenta de forma significativa para las mujeres, los adultos mayores y, sobre todo, para las minorías sexuales y las personas con discapacidad. Entre estos cuatro grupos, ser pobre incrementa considerablemente las posibilidades de ser víctima de actitudes o actos que vulneran el ejercicio de sus derechos.

Este primer acercamiento permite afirmar que para una parte importante de la sociedad mexicana la pobreza y la discriminación son problemas que se encuentran fuertemente asociados, lo cual también agrega otros componentes a las brechas de la desigualdad que se generan por vivir en pobreza. A la falta de recursos se suman, como motivos para la discriminación, otros atributos que son parte de las características intrínsecas de las personas, y forman un cúmulo de desventajas inmerecidas que tienden a reforzar los patrones de desigualdad imperantes. El análisis del indicador siguiente, que mide la victimización a través de experiencias concretas en diferentes ámbitos sociales e institucionales, arroja pistas sobre los actos discriminatorios que inciden en aspectos del desarrollo humano entre personas pobres y no pobres, y en los ocho grupos vulnerables.

En la Figura 5 se muestran los porcentajes promedio de las respuestas afirmativas que obtuvieron todos los grupos en los 17 reactivos que representan situaciones discriminatorias. En una primera apreciación se puede decir que casi una cuarta parte de los entrevistados dijo haber sufrido al menos una de estas situaciones, lo que resulta una proporción alta, si se considera que en este caso se hace referencia sólo a experiencias que tuvieron lugar durante el año del levantamiento de la encuesta. Aunque el promedio general es bajo para el conjunto de reactivos (3.3 por ciento), algunos mostraron una prevalencia de casi el doble. En este sentido, las mayores tasas de discriminación, por encima del promedio, fueron en el ámbito laboral en forma de maltratos y pagos inferiores a lo justo, en el acceso a servicios de salud y otros programas sociales, así como por medio de amenazas o ataques en la vía pública y por el trato en las relaciones interpersonales que lesiona la autoestima de las personas.

A diferencia del índice anterior, las pruebas de contraste indican que hay tres reactivos en que las diferencias en los porcentajes de victimización no son significativas entre personas pobres y no pobres, y en los 14 restantes el signo que toma el RFP es desfavorable para las personas en pobreza en sólo seis situaciones, entre las que se encuentran las exclusiones de programas sociales y de servicios educativos y de salud, así como los maltratos en el trabajo, la violencia en las escuelas y la marginación de actividades grupales.

No obstante, se debe reconocer que los datos anteriores tienden a ocultar el grado real de discriminación que enfrentan algunos grupos sociales, al considerar que su importancia relativa es menor en la construcción de los valores agregados. El análisis de cada grupo muestra de nuevo que son las minorías sexuales las que más enfrentan tratos discriminatorios, con un poco más de la mitad que dijo haber experimentado al menos una de las 17 situaciones consideradas. En orden descendente, los subconjuntos que más sufrieron este tipo de experiencias son las personas con discapacidad (36 por ciento), las minorías religiosas (28), el personal doméstico (26) y los jóvenes (24); por debajo de la media se encuentran las mujeres (21), las minorías étnicas (19) y los adultos mayores (17). Si se observan los resultados tomando en cuenta sólo la situación principal, el índice de victimización baja drásticamente para todos los grupos, con excepción de las minorías sexuales, que lo mantienen cercano a 39 por ciento, y se modifica la ordenación anterior colocando a las minorías étnicas y a las mujeres por encima del promedio.

El análisis de este índice arroja pistas sobre aspectos del desarrollo humano y la convivencia social en los que incide la discriminación. La Figura 7 consigna los cinco conflictos principales que implican actos discriminatorios según los ocho grupos estudiados. En el ámbito laboral, las mujeres, los adultos mayores y las minorías étnicas y religiosas comparten un grado importante de discriminación por maltratos y remuneraciones injustas, y sólo por este último aspecto el personal doméstico y los jóvenes. En estos grupos, con excepción de las minorías religiosas, también incide la violencia callejera; además, las minorías étnicas, los jóvenes y los adultos mayores enfrentan exclusión en los servicios de salud y estos últimos, junto con las mujeres y el personal doméstico, padecen marginación en el acceso a los beneficios de programas sociales. Las situaciones de rechazo son más comunes entre las minorías étnicas, el personal doméstico y los jóvenes, y los infundios entre las mujeres, las minorías religiosas y el personal doméstico. Cabe destacar que los jóvenes enfrentan, como un problema particular, la violencia en las escuelas, y las minorías religiosas la violencia familiar y la ridiculización.

En este panorama, los grupos más discriminados son las personas con discapacidad y las minorías sexuales, comparten la violencia doméstica y la ridiculización entre los cinco conflictos principales; de manera particular, el primero también padece la exclusión de los programas sociales y de los servicios educativos y de salud, y el segundo enfrenta violencia en la vía pública, el rechazo social y el menosprecio.

Desde el punto de vista del indicador de pobreza como factor de discriminación, los resultados indican que al igual que en el índice de percepciones la condición de pobreza tiene muy poca o nula importancia para las minorías étnicas y religiosas, se mantiene entre 12 y 15 por ciento para los jóvenes, y en alrededor de 25 para las mujeres. En contraste, con el índice de victimización por experiencias recientes de discriminación, el de RFP crece entre 2 y 5 veces para los adultos mayores y el personal doméstico, en ambos casos alcanza porcentajes cercanos o superiores a 50; en cambio, tiende a decrecer significativamente para las minorías sexuales y para las personas con discapacidad, incluso se torna negativo para el último grupo.

Según los resultados obtenidos con este índice, la discriminación por experiencias recientes se presenta en mayor medida entre individuos no pobres de las minorías religiosas y étnicas y, en algún grado, entre las personas con discapacidad. Para estas últimas, la discriminación de mayor incidencia entre los pobres se concentra en situaciones de exclusión de los servicios médicos, educativos y de los beneficios de programas sociales; además, sus miembros pobres son en su mayoría víctimas de violencia, desprecio, infundios y, junto con las minorías religiosas, de rechazo a participar en actividades grupales.

Para los demás grupos, las situaciones discriminatorias que enfrentan los pobres crecen en todos los casos, pero en especial entre las mujeres, el personal doméstico y los adultos mayores, y llegan a abarcar prácticamente todas las áreas del desarrollo y la convivencia social. Para las minorías sexuales en pobreza, los tratos injustos se concentran en al ámbito laboral, en el acceso a servicios sociales, programas y lugares públicos y en los infundios. Las/los jóvenes pobres son excluidos de la educación y de los programas sociales, y sufren todo tipo de violencia, rechazo y minusvaloración de la autoestima.

A manera de conclusión: los entresijos de la desigualdad social en México

La discriminación y la pobreza son fenómenos que expresan, cada uno por su lado, las caras en las que se exterioriza la desigualdad social. El primero, en cualquiera de sus manifestaciones, es una trasgresión al derecho a la igualdad de las personas, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que implica la obstrucción al ejercicio de los derechos y libertades, e impone barreras de exclusión a oportunidades de desarrollo individual y colectivo. La pobreza es, por su parte, la expresión de un cúmulo de desigualdades en la distribución del ingreso y en el acceso a oportunidades, que les impide a las personas tener una participación activa en la vida económica, social, política y cultural; en palabras de Amartya Sen (2000, 114), “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza”.

Si bien la discriminación no sólo se practica en condiciones de pobreza, como ha quedado constatado aquí, cuando se combinan ambos fenómenos sus efectos tienden a escalar las desigualdades, y hacen más difícil que las personas desarrollen capacidades y accedan o aprovechen las oportunidades, y que lleven una vida libre de violencia, rechazo y menosprecio. Los resultados de este estudio muestran que en México la discriminación y la pobreza mantienen una relación estrecha, cuya cercanía se acrecienta dentro de algunos grupos sociales que son más vulnerables y que han sido históricamente vulnerados. En estos subconjuntos es donde la desigualdad adquiere un rostro más oculto y pernicioso.

Como lo demuestran ambos índices de discriminación, por percepciones y por experiencias recientes, el grupo que más ha padecido tratos discriminatorios en México es el de las minorías sexuales y, aunque el segundo índice no muestra una prevalencia muy pronunciada hacia los pobres (con un RFP de 9 por ciento), este subgrupo es más susceptible de padecer tratos injustos en el trabajo y en el acceso a servicios sociales, programas y lugares públicos. El segundo lugar lo ocupan las personas con discapacidad, cuyos miembros en pobreza han sido discriminados históricamente y, a pesar de los avances institucionales de los últimos años (con la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por ejemplo), siguen enfrentando situaciones de exclusión a los servicios médicos, educativos y a los beneficios de programas sociales, así como entornos de violencia, desprecio, infundios y de rechazo a participar en actividades grupales.

El personal doméstico también ha padecido discriminación histórica, y sus integrantes, que provienen de hogares pobres, siguen sufriendo prácticas discriminatorias en los espacios laborales, institucionales y en las relaciones familiares y comunitarias. Las minorías étnicas y religiosas son vulneradas, pero en su caso la relevancia del factor pobreza es insignificante o nula, lo cual quiere decir que para ambos la discriminación responde más a prejuicios construidos a lo largo de la historia en torno al grupo, que a la condición económica de las personas; aun así, entre sus miembros pobres predomina la exclusión a servicios educativos (ambos grupos), a programas sociales (minorías religiosas) y a maltratos laborales y violencia familiar (minorías étnicas).

Aunque la discriminación hacia las mujeres, la población joven y los adultos mayores es ligeramente inferior a la que prevalece en los grupos anteriores, ronda en 50 por ciento para el índice de percepciones y entre 17 y 24 en el de victimización por experiencias recientes. Además, en los tres grupos la importancia de la pobreza, como factor de discriminación, es significativa y tiende a aumentar en las situaciones de victimización por acontecimientos recientes. Para los miembros de estos subconjuntos discriminados, vivir en la pobreza representa una condición que los hace más susceptibles de ser sujetos de actos discriminatorios, y el caso extremo es el de los adultos mayores que enfrentan situaciones de este tipo en prácticamente todas las facetas de su vida. Los mayores conflictos de las mujeres pobres se vinculan con injusticias en el ámbito laboral, la negación de los servicios de salud y, al igual que la población joven, la exclusión de programas sociales, la violencia en las escuelas, el rechazo y la minusvaloración de la autoestima.

Este trabajo constituye un primer acercamiento al problema de investigación planteado y, aunque la evidencia presentada es sólida, es necesario complementarla con estudios de corte cualitativo que permitan conocer más a fondo los procesos que dan lugar a actitudes y prácticas discriminatorias en condiciones de pobreza, pero sobre todo cómo es que su combinación actúa en la práctica para generar una escalada en las desigualdades, obstruir el ejercicio de derechos y libertades, impedir el acceso de las personas a una distribución equitativa de las oportunidades y, en suma, para dificultar la superación de su propia condición de pobreza.

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Notas

1 En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, promulgada en junio de 2003, la discriminación se define en su artículo 4 como: “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones” (Presidencia de la República 2003).

2 Los grupos no analizados aquí fueron: migrantes y refugiados, niñas y niños, personas con el virus de inmunodeficiencia humana y afrodescendientes. Aunque la encuesta sí considera a los dos primeros, las razones para excluirlos se explican en la sección metodológica. Los dos últimos no formaron parte de la ENADIS 2010, como subconjuntos sociales por investigar de manera específica.

3 “Nos referiremos a prejuicios como aversión, disgusto o percepción errónea basada en características innatas tales como raza o sexo […] El prejuicio no genera necesariamente discriminación, porque las personas pueden no ser capaces de actuar sobre sus prejuicios. Por el contrario, la discriminación puede ocurrir incluso cuando las personas no son prejuiciadas” (Lang 2007, 266).

4 “Las imperfecciones del mercado surgen porque es difícil evaluar la productividad del trabajador o porque las empresas y los trabajadores tienen dificultades para encontrarse” (Lang 2007, 280).

5 No obstante, Tepichin rechaza abiertamente que la desigualdad de género sea sinónimo de pobreza. “Carencias de ingreso, educación y alimentación […] pueden ser indicadores de pobreza pero no necesariamente lo son de desigualdad de género” (Tepichin 2013, 146). De manera similar, las “diferencias en remuneraciones y participación en el trabajo remunerado pueden dar cuenta de desigualdad de género pero no necesariamente de pobreza” (Tepichin 2013, 146).

6 “La discriminación en el mercado de trabajo se produce cuando los empleadores y trabajadores dan un trato diferencial a los individuos de ciertos grupos sociales en el proceso de reclutamiento, desempeño y promoción, fundándolo en criterios diferentes a las calificaciones y méritos requeridos para desempeñar una actividad productiva. La mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de preconcepciones y prejuicios acerca de los miembros de ciertos grupos sociales, lo cual induce a la discriminación estadística en los resultados en el mercado laboral” (Horbath 2008, 26).

7 En otro estudio que dedica a los indígenas de Sonora, y que escribe en colaboración con María Amalia Gracia, Horbath vuelve a vincular la discriminación con pobreza, con resultados que confirman el efecto señalado en el mercado de trabajo (Horbath y Gracia 2012).

8 La base de datos, los informes de resultados y los cuestionarios de la ENADIS 2010 se pueden descargar de: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436.

9 Esta metodología fue propuesta por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002), creado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 2001. En 2006, el CONEVAL la adoptó como la medición oficial hasta 2010, cuando comenzó a emplear la multidimensional.

10 Es importante mencionar que aunque no está disponible al público un manual de aplicación de la ENADIS 2010, es posible deducir que el cuestionario de opinión se aplicó al mismo informante que contestó el cuestionario hogar, que debía ser un residente habitual mayor de 11 años. En el caso del cuestionario tronco, es claro, a partir de la documentación publicada, que se formuló para ser respondido sólo por personas mayores de 11 años, pertenecientes a nueve de los diez grupos vulnerables incluidos en el estudio; se eximió a los niños y niñas de entre 9 y 11 años, a quienes se les aplicó un módulo diseñado especialmente para su edad. Aunque en el cuestionario de opinión no se seleccionó al informante en función de sus vulnerabilidades, los porcentajes de respuesta de la pregunta 29 mostraron que sí era viable llevar a cabo los procesamientos para los ocho subconjuntos sociales (mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, personal doméstico y minorías religiosas, étnicas y sexuales), que también fueron analizados a través de la pregunta 1 del cuestionario tronco. Al final sólo quedó fuera el grupo identificado como migrantes (o nacidos en otro país), debido al número muy bajo de registros logrados (35), aunque sí se les consideró para los cálculos de la población en general. Por último, cabe precisar que dentro de los ocho grupos considerados existen personas que forman parte de más de uno, por lo que los resultados para la población general o para el conjunto difieren del promedio que se pudiera obtener por la simple suma de los datos.

11 Blancarte opina que la discriminación por motivos religiosos afecta en mayor medida a las iglesias y agrupaciones religiosas minoritarias: “No es raro por lo tanto que sean las distintas denominaciones evangélicas (principal minoría religiosa) las que tengan el record de violaciones a sus derechos y de discriminación por motivos religiosos” (2003, 293). En comparación con la mayoría católica, esta minoría suele gozar de una posición social más desahogada, lo que posiblemente los haga menos vulnerables a la discriminación económica.

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