Artículos
La violencia y los movimientos sociales en el gobierno de Vicente Fox, 2001-2002
Mario Alberto Velázquez García*
* Profesor-Investigador del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública de El Colegio de Sonora. Se le puede enviar correspondencia a Av. Obregón 54, Col. Centro, C. P 83000, Hermosillo, Sonora, México. Teléfono: 01-662- 212 65 51. Correo electrónico: mvelazquez@colson.edu.mx.
Recibido
en octubre de 2002
Revisado en agosto de 2003
Resumen
El objetivo del presente artículo es analizar el movimiento social contra la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco entre 2001 y 2002. Este movimiento es la primera movilización social que enfrenta el presidente Vicente Fox. Se examinan los recursos utilizados en sus acciones, lo que incluye la utilización de la violencia y las consecuencias que tuvo para la imagen presidencial; se emplea la teoría de movilización de recursos para observar las formas de manifestación utilizadas frente al Estado.
Palabras clave: movilización de recursos, San Salvador Atenco, violencia, movimientos sociales, repertorios de confrontación, Estado, estructura de las oportunidades políticas.
Abstract
The purpose of this article is to analyze the social movement which rose against the construction of the airport in San Salvador Atenco in 2001 and 2002. It is the first movement that Vicente Fox is confronted with during his period as president. We examine the resources used by the movement, including the use of violence and the consequences that it had for the presidential image; theory of mobilization of resources is used to be able to in front of observe the used forms of manifestation the State.
Key words: resource mobilization, San Salvador Atenco, violence, social movements, repertoires of contention, State.
Introducción
Antes de que se oculte el sol queremos que
el gobernador y el procurador nos presenten
a los detenidos, no Importa cómo, hinchados,
torturados, como sea, pero los queremos ver.
Si lo hacen, nosotros les enseñaremos a los que
tenemos retenidos.
David Pájaro, líder de Atenco
Un año después de anunciar el inicio de la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, el presidente Vicente Fox tuvo que posponer este proyecto de forma indefinida. Un reducido grupo, si lo comparamos con la población a la que impactaría la obra, se opuso a su construcción hasta lograr detenerla.
Este artículo es un análisis sociológico de los recursos utilizados por la movilización social de San Salvador Atenco, Estado de México, contra la terminal aérea en el 2001 -2002. El objetivo central del trabajo es examinar si el caso ejemplifica una tendencia nueva en los medios utilizados por los movimientos sociales. Se intenta establecer si existe una relación entre el cambio de gobierno (y partido en el poder) y las formas de manifestación del descontento.
La estructura del trabajo es la siguiente: en la primera parte se presentan elementos para el análisis de los movimientos sociales. Se emplea la teoría de movilización de recursos para poder observar las formas de manifestación utilizadas frente al Estado. En la exposición está en primer lugar la teoría, partiendo de la premisa de que no existe observación de la realidad "limpia" de alguna intencionalidad; la descripción del caso es ya en sí parte del análisis. Finalmente se encuentra el análisis de los datos y un conjunto de conclusiones generales.
La teoría de movilización de recursos se aplica al caso de Atenco mediante dos conceptos: "los repertorios de confrontación" y "la estructura de las oportunidades políticas". Con el primero analizamos los medios utilizados para las protestas, tanto de tipo material como simbólico. Con el segundo, veremos los factores externos que ayudan a comprender el desarrollo de los eventos; cuáles son las circunstancias políticas que le permiten a un movimiento desarrollarse. Con el uso de estos conceptos, la acción colectiva no aparecerá estática ni aislada, sino en una constante transformación en su relación con el Estado.
El trabajo no pretende ser una descripción detallada y completa de lo sucedido en San Salvador Atenco. Busca ser un análisis sociológico de la forma en que una organización social, dentro de una coyuntura específica de su relación con el gobierno, se reapropia de ciertas formas de manifestación, al mismo tiempo que crea otras nuevas.
Movilización de recursos
El estudio de los movimientos sociales es uno de los primeros intereses que motivaron la aparición de la sociología; los cambios ocurridos en Europa, y de manera especial la Revolución Francesa, atrajeron la atención hacia la necesidad de un estudio sistemático de lo que estaba pasando en los incipientes Estados nacionales. Los trabajos de Durkheim y Tönnies fueron pioneros en este sentido (Melucci, 1999).
En dichos estudios se suponía la existencia de una relación directa entre el sentimiento de "descontento" o "malestar" social y el surgimiento de una acción colectiva. Los trabajos de Durkheim (1993) y Tönnies (1973) planteaban que al generalizarse el resentimiento contra una autoridad, se produciría automáticamente una movilización social; la Revolución Francesa era explicable a partir del enojo del pueblo con su rey.
En el marxismo, la estructura de clase y la ideología recibieron gran peso en el estudio de los movimientos sociales: la pertenencia a una determinada situación de clase y a una corriente de pensamiento definía en gran parte el tipo de demandas. La base ideológica del movimiento era un aspecto básico para explicar su existencia (Tarrés, 1992; Collins, 1995). El énfasis en la investigación estaba en quién y por qué se realizaban las acciones colectivas. Los análisis de esta corriente dieron poca importancia al estudio de las formas organizacionales y las consecuencias de la movilización (Johnston et al., 1994).
Por su parte, Max Weber se interesó más por la parte organizacional de los movimientos sociales, sobre todo en lo referente a la rutinización del carisma y las consecuencias funcionales de la expansión de las organizaciones; a este respecto analizó el problema de la tendencia hacia la burocratización, relacionado con la pérdida de la misión original del grupo y el proceso de transformación de secta en iglesia (Melucci, 1999, y Johnston, et al., 1994).
Desarrollos posteriores recuperaron el interés sobre Weber para utilizarlo en el estudio de los movimientos sociales. A este respecto, uno de los avances más importantes es la teoría de la movilización de recursos (TMR), principalmente en los trabajos de Mayer Zald y John McCarthy (1987), Charles Tilly (1973), Tarrow (1995) y Oberschall (1973), entre otros.
La TMR cuestiona las teorías existentes para explicar los movimientos sociales. En esta corriente se privilegia el cómo la gente se organiza y con qué recursos lo hace, restándole importancia al por qué se originan las acciones colectivas (Eyerman y Jamison, 1991).
Desde esta perspectiva, se resalta la parte organizacional de los movimientos. Esto lo justifican argumentando que la existencia de razones que son percibidas como injustas es una condición necesaria pero no suficiente para que se presenten acciones colectivas. Tiene más importancia la existencia de los repertorios necesarios para la organización y la acción (Tilly, 1973; Tarrow, 1997 y Traugott, 1995).
Se parte de una pregunta: la gente no se involucra fácilmente en empresas colectivas donde se arriesga su vida. ¿Qué condiciones se deben dar para que haya una movilización social? Para la TMR, disponer de un repertorio para las acciones colectivas es el factor más significativo para explicar una movilización social. Tarrow describe así la preocupación principal de la TMR: "(El)... cómo coordinar a poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común y mantenida. Los movimientos resuelven el problema respondiendo a las oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modulares, de acción colectiva, movilizando a la gente en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos"(Eyerman y Jamison, 1991: 27-28).
Los recursos para una acción colectiva pueden ser tanto materiales como no materiales, y su existencia es indispensable para que un grupo piense que es "razonable" su participación en un conflicto social. Autores como Zald y McCarthy (1987) proponen estudiar los recursos como un flujo dentro de un modelo de oferta y demanda. Sin embargo, su mera existencia no es suficiente para que se presente una acción colectiva; se requiere algún grado de organización que controle y maneje la acumulación y el uso de estos recursos.
La creación de una organización para la acción colectiva no se da en el vacío, sino en un medio social que influye en su desarrollo. Dentro de la TMR se privilegia el papel de los costos y recompensas como una forma de explicar la participación individual y de grupo en un movimiento social. Los costos y recompensas son afectados principalmente por la estructura social y la actividad de las autoridades (Eyerman y Jamison, 1991). La gente que se decide a participar se apoya en el marco de redes sociales que la sostienen, la alientan o le impiden participar. Al mismo tiempo, usa a las instituciones para albergar o apoyar (aun sin el consentimiento de éstas) las acciones colectivas. La solidaridad está implícita en las redes de relación.
Para fines del artículo, los dos puntos de interés dentro de la TMR son los recursos (o repertorios) para la acción colectiva y las oportunidades políticas. Por esta razón se presentan por separado en el siguiente apartado.
Los repertorios de la acción colectiva y las oportunidades políticas
El primero en introducir la idea de que existía un conjunto de recursos empleados por diferentes actores para sus acciones colectivas fue Tilly en su artículo "Getting it Together in Burgundy" (Tilly, 1977). Los nombró "repertorios de confrontación" (repertoires of contention). La idea de repertorio hace alusión a un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas, dentro de un relativo proceso de libre elección de las formas de actuar, para plantear demandas a diferentes individuos o grupos (Tilly, 1995).
Los repertorios son una creación cultural resultado de la misma acción colectiva. Dichas prácticas no se derivan de teorías políticas o de propaganda política, sino que son producto de un proceso de confrontación y aprendizaje mediante ensayo y error. En su sentido más formal, podemos pensar en los repertorios de confrontación como el "conjunto de significados" que pueden ser usados en una acción colectiva y a los que diferentes actores recurren consistentemente (Traugott, 1995).
Tilly construye su idea de los "repertorios de confrontación" suponiendo la "agencia" de los actores sociales, es decir, que la utilización o la adaptación de una rutina determinada depende de las decisiones y acciones de cada uno de los grupos y de la forma en que se desarrolla el proceso de interacción dentro de su entorno. Cuando ocurren innovaciones se trata de actos conscientes que buscan generar un mejor resultado; sin embargo, mu chas de las prácticas fracasan y desaparecen, sólo un número reducido de ellas se generalizan.
Estos repertorios de confrontación (Traugott, 1995) funcionan a la vez como un concepto estructural y un concepto cultural (Tarrow, 1997); es decir, se trata de lo que la gente sabe que debe hacerse en una situación de conflicto, pero también lo que se espera que haga. Para Tarrow, la creación de estos repertorios permite el desarrollo de movimientos sociales, ya que se trata de formas y significados para la acción social que son conocidos por todos y que pueden ser usados en diferentes circunstancias. Esta forma emergente de acción colectiva la denomina acción colectiva modular. Algunas de estas primeras acciones modulares fueron las barricadas, las peticiones, las huelgas y la insurrección urbana.
Muchos son los factores que influyen en la formación de estas prácticas y no sólo la misma acción colectiva. La interacción con los posibles rivales o aliados es uno de los elementos más importantes; otros son las formas organizativas, las prácticas políticas, las rutinas en las reuniones informales, el uso de los símbolos y el marco legal, entre otras (Tarrow, 1997).
Estas formas de actuar se construyen durante largos periodos. Las transformaciones se dan de manera gradual y se relacionan con innovaciones en los tipos de organización, en la aparición de nuevas elites y la presencia de "oportunidades" dentro de las relaciones de poder (Traugott, 1995). En este sentido, para Tarrow el origen de los movimientos sociales únicamente se puede explicar ante un cambio en las "oportunidades políticas", mismas que reducen los costos de participar, permiten identificar a aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las autoridades (Tarrow, 1995 y 1997).
La "estructura de oportunidades políticas" las define como "dimensiones consistentes -aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto pone énfasis en los recursos exteriores al grupo -al contrario que el dinero o el poder-, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados" (Tarrow, 1995:153).
Para Tarrow, son cuatro los cambios más destacados en la estructura de las oportunidades políticas:
1. La apertura del acceso a la participación;
2. Los cambios en los alineamientos del gobierno;
3. La disponibilidad de aliados influyentes;
4. Las divisiones entre las elites y en el seno de las mismas.
Pero al mismo tiempo que se da este cambio dentro de las estructuras, es importante no perder de vista que algunos aspectos permanecen estables y sin lugar a dudas condicionan también la formación y la estrategia de los movimientos. Estos son:
1. La fuerza del Estado. Los Estados centralizados que cuentan con instrumentos eficientes para la política atraen a los actores colectivos a la cumbre del sistema político, mientras que los Estados descentralizados proveen multitud de objetivos en la base del sistema.
2. La represión en Estados autoritarios. Tilly define represión como "cualquier acción por parte de un grupo que eleva el coste de la acción colectiva del contendiente. Una acción que reduce el coste de la acción colectiva es una forma de facilitación" (Tarrow, 1997:235-236). La represión es parte de la definición de este tipo de Estados; sin embargo, su aplicación crea un objetivo común dándole, por ejemplo, una connotación política a acciones cotidianas. Asimismo, si bien restringe las acciones colectivas normales, es vulnerable a movilizaciones discretas.
3. Represión en los Estados no represores. Los sistemas representativos tienen una forma peculiar de eliminar y reprimir a los movimientos de oposición: al permitir e incentivar la participación, pueden procesar los elementos más desafiantes de la política, canalizando la movilización hacia lo electoral y convirtiéndola, así, en una acción controlada. Se crea entonces una paradoja: la libertad de manifestarse y la existencia de canales para hacerlo limita realmente las posibilidades de elección de la gente. La represión, por otra parte, no se aplica de forma homogénea por ningún Estado; existen acciones colectivas que serán promovidas y otras castigadas o reprimidas.
Para Tarrow, una de las características más importantes de los movimientos sociales es que expanden las oportunidades políticas que crean o utilizan; no sólo hacia movimientos cercanos o complementarios a sus objetivos, sino, incluso, para grupos antagónicos o pertenecientes a la elite política.
El primer movimiento social en el gobierno de Vicente Fox
Los machetes [...] son
una herramienta de trabajo y
de defensa, y también para decirle a Fox que se
equivocó con el decreto, que no nos vamos a rendir
en la lucha por conservar nuestras tierras. Si
quieren chingadazos, los habrá.
Ignacio del Valle Medina
líder
del movimiento de Atenco
En México los estudios sobre movimientos sociales nunca habían tenido interés en los repertorios de confrontación. Esto se explica, en parte, por la permanencia del Partido Revolucionario Institucional (PRl) como la organización hegemónica en el poder por más de setenta años. Durante todo este tiempo, el Estado desarrolló un conjunto de estrategias y métodos "estandarizados" para resolver los conflictos sociales (Bizberg, 1983; Carr, 1976; Ramírez Saiz, 1986). Los repertorios estatales se podían resumir en sus extremos: la cooptación y la represión. En este contexto, los movimientos no presentaban recursos muy diversos frente a un Estado que daba poco margen a la diferencia y la autonomía; puesto que lo recursos parecían los mismos, el análisis se interesaba más en las razones y consecuencias.
Para los años ochenta hay un proceso de apertura a la participación política. Existen las condiciones para el surgimiento de nuevos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo en este último conjunto, hay importantes innovaciones en las prácticas de organización, las maneras de manifestarse, la construcción de redes y el planteamiento de su relación con el Estado (Sandoval, 1991).
En los años noventa, comienzan a presentarse triunfos electorales importantes en los ámbitos estatal, municipal y de los congresos locales y federal. En algunos casos, los gobiernos de partidos de oposición están formados por personas que provienen de organizaciones civiles, creándose una expectativa de mayor contacto entre el Estado con estas últimas.
En el año 2000, el PRI es derrotado por primera vez en su historia por el Partido Acción Nacional (PAN) en una elección al gobierno federal. Las relaciones de este último partido con la sociedad civil, más las que estableció su candidato presidencial, s e constituyen como una oportunidad política para los grupos sociales. Existía una expectativa por conocer cómo se desarrollarían (y con qué repertorio para la acción colectiva) los nuevos movimientos sociales. Éste es el análisis del primero de ellos.
El inicio
A principios del año 2001 el presidente Fox anunció la construcción de una nueva terminal aérea para la Ciudad de México. Se presentó como la obra más importante de su sexenio. Existían dos zonas a considerar para el proyecto: Tizayuca, localizada en el estado de Hidalgo, y Texcoco, en el Estado de México. Durante varios meses existió un debate público sobre cuál opción era la mejor. Diferentes niveles de gobierno, universidades, organizaciones privadas y compañías internacionales relacionadas con la operación de aeropuertos manifestaron su parecer en los medios de comunicación. El proyecto no sólo fue analizado públicamente desde una perspectiva técnica, sino que se argumentó respecto a los intereses económicos y políticos involucrados.
El 22 de octubre de 2001, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo del conocimiento público la expedición de un decreto expropiatorio sobre las tierras ejidales de Texcoco con el propósito de utilizarlas para la terminal aérea. En conferencia de prensa, Pedro Cerisola, titular de dicha Secretaría, sustentó la decisión de construir un nuevo aeropuerto por los problemas de saturación del actual y la imposibilidad de ampliarlo. La decisión contaba con el aval del Colegio de Pilotos, la Cámara Nacional del Transporte y el Instituto de Ecología de la UNAM (Lajous, 2003).
De manera inmediata diferentes actores cuestionaron la decisión. Los más difundidos fueron los de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, y los presidentes municipales de los ayuntamientos localizados en el área en la que se ubicaría el aeropuerto. Anunciaron que presentarían una serie de controversias constitucionales contra la decisión federal.1 Su argumento se basaba en que el decreto expropiatorio, tal como fue elaborado, constituía un conflicto de competencias (La Jornada, 2001, y Lajous, 2003). El gobierno federal, por su parte, no hizo ningún señalamiento público respecto al tema. Anunció que comenzarían las licitaciones a fin de iniciar el proyecto.2
El decreto contemplaba expropiar 5,376 hectáreas. De los trece municipios afectados, a cinco de ellos se les privaba un promedio del 80% de su superficie: San Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapan, la colonia Francisco I. Madero, Acuexcomac y Tocuila. De los municipios restantes, la expropiación no excede 20% del total de su territorio (Milenio Diario, 2002). Uno de los municipios más afectados, pues se expropiaba el 84% de su territorio, era San Salvador Atenco. Sus pobladores anunciaron que comenzarían una serie de movilizaciones en protesta (La Jornada, 2001).
El desarrollo del movimiento: los machetes contra las botas
El 2 de noviembre de 2001 los ejidatarios de San Salvador Atenco, representados por Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la UNAM, presentaron un amparo contra el decreto de expropiación. El alegato presentado se basaba en que el decreto expropiatorio enunciaba pero no demostraba la utilidad pública de la medida, condición indispensable para esta acción gubernamental. Por su parte, el director jurídico de la Procuraduría Agraria del Estado de México, Jorge Edmundo Bello, en representación de siete ejidos, logró una primera suspensión temporal del decreto (Milenio Diario, 2001). El 30 de noviembre un juez concedió la suspensión "de plano" del decreto, lo que obligaba a las autoridades a detener cualquier actividad para la construcción hasta el fin del juicio (La Jornada, 2001).
El gobierno fijó el precio de indemnización en 26 pesos el m2 para tierras de riego y de 7.20 m2 para las de temporal. El precio partía de suponer que se trataba de tierras con poco valor productivo y comercial.3 Varios medios de comunicación masiva e intelectuales criticaron el precio fijado, calificando el procedimiento general como "tecnócrata" y tramposo, pues se ignoraba el hecho de que los terrenos debieron de haber sido catalogados no por su uso anterior sino por el que se les quería dar, es decir, terrenos comerciales para un aeropuerto; esto de inmediato elevaba exponencialmente su valor. Los ejidatarios de Atenco realizaron una manifestación al día siguiente de este anuncio oficial, donde el reclamo más frecuente fue el bajo precio que el gobierno ofrecía por "lo único que tienen"4 (Lajous, 2003).
Se hizo público un análisis sobre las posibilidades de enfrentar acciones colectivas por la construcción del aeropuerto en la región de Texcoco. El estudio formaba parte de los documentos presentados por el gobierno del Estado de México para sustentar la viabilidad del proyecto en su territorio. La región en análisis se consideraba de "poco riesgo", bajo el supuesto de que las comunidades de la zona no tenían un historial de movilizaciones sociales anteriores y los residentes eran relativamente "nuevos", por lo que no tendrían un arraigo fuerte con sus tierras (La Jornada, 2002). Sin embargo, como mostró Alejandra Lajous, el municipio de Atenco tenía experiencias previas de movilización social: en 1993 los trabajadores de la empresa Sosa-Texcoco se enfrentaron con fuerzas del orden; en 1995 la organización Habitantes Unidos de San Salvador Atenco bloqueó la carretera Texcoco-Lechería y retuvieron a un funcionario estatal buscando obtener más "tortibonos" y un mejor transporte. Uno de los principales dirigentes del movimiento contra el aeropuerto, Ignacio del Valle, encabezó este cerco (Lajous, 2003).
Los ejidatarios de San Salvador Atenco realizaron movilizaciones en las calles de la ciudad de México. La primera manifestación, el 14 de noviembre, la hicieron portando sus machetes.5 Su idea era marchar utilizando para ello vías grandes, por lo que las autoridades locales mandaron policías para impedirles el paso en la esquina que forman la avenida Francisco Morazán y Calle 47 (La Jornada, 2001). Los campesinos desafiaron a la fuerza pública con sus machetes. El enfrentamiento tuvo una gran cobertura de los medios de comunicación masiva, sobre todo por la expectativa que había por saber cómo el nuevo gobierno federal (y el gobierno local perredista) pretendían resolver su primer conflicto campesino. En este marco, los medios de comunicación realizaron un debate sobre la legalidad de desarrollar manifestaciones portando y utilizando armas "blancas".
Por su parte, el gobierno federal criticó al gobierno del Distrito Federal por no impedir la obstrucción de vías importantes, a lo que éste respondió diciendo que no se pensaba involucrar en problemas de carácter federal. Los campesinos de Atenco comenzaron a recibir muestras de apoyo por parte del movimiento zapatista y grupos de estudiantes como el Consejo General de Huelga (CGH6) de la UNAM (La Jornada, 2001 y Milenio Diario, 2001).
El gobierno federal nombró a un representante para dialogar con los diferentes ejidatarios sobre la venta de sus tierras. A pocos días de la designación, se hizo pública la existencia de reuniones con las autoridades ejidales y municipales de Atenco, así como la posibilidad de acuerdos. Por su parte, el movimiento desconoció a sus comisarios ejidales y al gobierno municipal, acusándolos de "venderse al gobierno", al tiempo que no reconocían a sus autoridades. Las oficinas municipales de San Salvador Atenco fueron tomadas en el mes de noviembre.
Pese al amparo, el gobierno decidió continuar con el proyecto. Para tal fin, contrató al menos en dos ocasiones a compañías especializadas en estudios topográficos para realizar los cálculos necesarios en la zona. Los ejidatarios vieron estas acciones como una provocación y en dos ocasiones retuvieron algunas horas a los trabajadores enviados. El gobierno federal amenazó con acusar a los ejidatarios de secuestro, los campesinos calificaban las acciones como de "autodefensa".
A lo largo de nueve meses los pobladores de San Salvador Atenco realizaron varias manifestaciones por la ciudad de México sin lograr ningún cambio visible en la postura del gobierno federal. El 26 de noviembre campesinos de Atenco, Tocuila y Nexquipayac clausuraron de forma simbólica las oficinas de la Procuraduría Agraria en Texcoco. En cada una de las manifestaciones los noticieros televisivos, en especial los de Televisión Azteca, resaltaban la presencia de machetes y de actitudes "desafiantes" al gobierno. Para el mes de diciembre los pobladores de Atenco colocaron barricadas en los accesos de 10 comunidades y establecieron retenes para impedir la entrada a la policía o a las compañías de construcción. El 13 de diciembre declararon frente a los medios que San Salvador Atenco era un "municipio en rebeldía" (Lajous, 2003).
El 12 de enero de 2002 el procurador agrario (dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria), Valdemar Martínez Garza, renunció al cargo bajo el argumento de que no le permitieron actuar con autonomía en la defensa de los campesinos (La Jornada, 2002).
Las protestas continuaron. El 7 de febrero encabezaron una manifestación en la que participaron el CGH y otras organizaciones, como el Frente Francisco Villa. Aunque las manifestaciones bloqueaban avenidas importantes para la circulación vial, tanto el gobierno local como el federal no las impidieron. Seguía la discusión sobre si se trataba de un problema que competía a la federación o al gobierno local.
El 27 de febrero un grupo de ejidatarios intentó llegara Los Pinos, residencia oficial de la presidencia. A la marcha se unieron trabajadores de Euzkadi, de la escuela Normal El Mexe, y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (La Jornada, 2002). Buscaban invitar al presidente Fox a debatir con ellos en el Auditorio Nacional. El 28 de febrero trataron de irrumpir en un acto encabezado por el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel; el secretario de agricultura, Javier Usabiaga, y el embajador de Japón en México, Takahico Horimura (Lajous, 2003).
El 6 de marzo bloquearon la carretera México-Texcoco durante tres horas y retuvieron por el mismo tiempo al director regional de Gobernación del Estado de México, Humberto Navarro. Posteriormente, se dirigieron al Distrito Federal para "saludar a grupos solidarios" con su causa. Marcharon por Paseo de la Reforma hasta bloquear una de las vías de acceso a Los Pinos. Por segunda vez, emplazaron al presidente a dialogar con ellos en un foro público.
El movimiento construyó una red de organizaciones solidarias a su causa. El 11 de abril se organizó en San Salvador Atenco un "Encuentro por la dignidad y rebeldía del pueblo de México". Según los organizadores asistieron 35 agrupaciones y acordaron conformar un Frente Nacional Contra el Gobierno. Lajous (2003) sostiene que el financiamiento de estas actividades provenía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de donativos y "boteo" en carreteras y universidades.
A principios de junio los ejidatarios de Atenco encontraron a cinco personas haciendo trabajos de medición en uno de los predios contemplados dentro del decreto expropiatorio. Los trabajadores fueron retenidos durante tres días. Los pobladores usaron esto para exhibir que el gobierno federal no estaba respetando el mandato judicial de suspender cualquier operación de construcción, además de obtener información de los trabajadores respecto al proyecto.
El 8 de julio los ejidatarios bloquearon durante 30 minutos las puertas de acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de México. Para estos momentos, el conflicto comenzó a cobrar interés para organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras: grupos como Greenpeace hicieron llamados al gobierno para reconsiderar su propuesta por los daños posibles a la zona del lago de Texcoco y las especies animales que viven en la zona.
El momento de locura
El 11 de julio el gobernador del Estado de México tenía programada una gira de trabajo por la zona oriente de la entidad; su recorrido contemplaba visitar San Juan Teotihuacan. Los campesinos de Atenco decidieron trasladarse hacia allá para confrontarlo.
En su camino a San Juan Teotihuacan, en el poblado de Santa Catarina, los campesinos se encontraron con dos camiones que bloqueaban la carretera Pirámides-Acolman; los retiraron. En ese momento se hicieron presentes grupos pertenecientes a Fuerzas de Acción y Reacción Inmediata del Estado de México. Comenzó una serie de discusiones sin ningún éxito. Los pobladores de Atenco decidieron seguir y para ello embistieron con uno de sus camiones a los policías, provocándose un enfrentamiento (Lajous, 2003).
No funcionó ningún intento de negociación y comenzó un enfrentamiento en el que resultaron veinte personas heridas y seis policías lastimados. La policía detuvo a 14 campesinos, incluidos Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza Rojas, líderes del movimiento. Los delitos por los que se les acusaba incluían robo de vehículos, ataques a las vías generales de comunicación, motín, ultrajes, privación ilegal de la libertad y robo agraviado contra el patrimonio del Estado de México. El arresto lo realizaron las autoridades con uso excesivo de fuerza (La Jornada, 2002, y Lajous, 2003).
Una vez retiradas las fuerzas del orden, y en respuesta ante el arresto de sus líderes y compañeros, los ejidatarios comenzaron una serie de acciones. Primero cerca de 3,500 campesinos bloquearon en diferentes puntos la carretera Texcoco-Lechería. En el poblado de Acuexcomac quemaron tres patrullas. Tomaron como rehenes a un policía judicial, dos policías bancarios y un técnico de vialidades. Horas más tarde incendiaron otros dos vehículos sobre la autopista ya mencionada, además de retener tres camiones de bebidas embotelladas y una unidad de transporte de presos.
Al saber que dos de sus líderes estaban entre los detenidos, se trasladaron a Texcoco. En esta ciudad, sacaron de forma violenta a 14 personas que trabajaban en el gobierno del estado (incluido el subprocurador de Justicia del Estado de México, José Andrés Mendiola) y regresaron con ellos a Atenco.7
Una vez que llegaron a Atenco, llevaron a los prisioneros al auditorio central y los obligaron a quitarse los zapatos y en la noche los presentaron a los medios de comunicación. Los campesinos realizaron una advertencia: la liberación de sus líderes era determinante para saber la suerte de sus rehenes8 (Lajous, 2003).
Los pobladores bloquearon todos los accesos al pueblo y anunciaron que la venta de sus tierras estaba fuera de toda negociación posible. José Luis Martínez, uno de los miembros del movimiento, declaró a una estación de radio: "Le queremos decir al gobernador Arturo Montiel que no cederemos ni un paso atrás, así nos cueste la vida. Seguiremos adelante y no nos tocaremos el corazón si es que entra la fuerza pública. A los familiares de las personas que tenemos retenidas les digo que no los estamos maltratando, no les tocaremos ni un pelo si no nos agreden, no somos guerrilleros, sólo defendemos nuestras tierras [...] No queremos negociar nuestras tierras. No queremos más dinero por nuestras tierras, sino que nos las dejen como están. No queremos el aeropuerto [...] Lo que quieren Vicente Fox y Montiel es un corredor industrial" (Lajous, 2003).
El procurador del Estado de México calificó dichos actos como propios de "guerrilleros" y no de campesinos. Poco a poco, los ejidatarios organizaron grupos de vigilancia en los accesos al pueblo9 y construyeron bombas "molotov" y otras armas improvisadas. Sobre las personas que fueron llevadas contra su voluntad a Atenco, los campesinos se referían a ellas como "invitados". El gobierno federal hizo llamados al diálogo, pero al mismo tiempo advirtió que haría respetar el Estado de derecho. Varios pueblos cercanos también cerraron sus entradas: San Felipe, Tocuila, San Andrés, La Magdalena Panoaya, Francisco I. Madero, Acuexcomac, Chautla, Papaiotla, Chimalpa, Texcoco y Tepetitlán (La Jornada, 2002; Milenio Diario, 2002).
Los periódicos y noticiarios televisivos y radiofónicos dieron una amplia cobertura a lo que pasaba en Atenco; sin embargo, por temor a una acción de las autoridades, fue restringida y controlada la entrada al pueblo.10 El gobernador Arturo Montiel declaró que el enfrentamiento había sido provocado por "grupos ajenos al proyecto y que tienen intereses contrarios al desarrollo del país, que han actuado en forma violenta, como quedó demostrado en la agresión" (Milenio Diario, 2002). Los pobladores se enteraron por radio que el gobierno federal había colocado a la Policía Federal Preventiva (PFP) a las afueras de Atenco y se esperaba su inminente entrada al pueblo (Milenio Diario, 2002, y Lajous, 2003).
Paralelamente a estos hechos, tanto el gobierno estatal como el federal se deslindaron de la responsabilidad: el gobernador del Estado de México sostenía que se trataba de terrenos federales y, por su parte, la federación afirmaba que era un problema dentro de un estado (La Jornada, 2002).
Por su parte, el movimiento hacía declaraciones donde manifestaba su disposición a morir por la defensa de sus tierras (Milenio Diario, 2002, y La Jornada, 2002). Los campesinos presentaron ante los medios un pliego de condiciones para resolver el conflicto: la realización de un diálogo público, la cancelación del proyecto, la anulación de las órdenes de aprehensión y la liberación de sus compañeros, así como el reconocimiento del movimiento como interlocutor válido. El movimiento esperaba el arribo de miembros de organizaciones solidarias con el movimiento, como el Consejo General de Huelga (CGH) de la Universidad Nacional Autónoma de México,11 miembros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros12 (Milenio Diario, 2002).
Según un informe de la Secretaría de Gobernación hecho público en la revista Cambio el 21 de julio, la organización encabezada por Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza comenzaba a perder poder de convocatoria, lo que había llevado a una radicalización de sus movilizaciones contra el aeropuerto. El texto recomendaba prevenir la creación de un foco de corte marxista-maoísta-leninista13 (Lajous, 2003).
Después de cuatro días, la situación se distendió cuando el gobierno del Estado de México cambió los delitos por los que fueron consignados los campesinos, lo que permitió, mediante el pago de una fianza, su liberación (fianza cubierta por el gobierno estatal por un monto total de 384 mil pesos). En gesto recíproco, los ejidatarios de San Salvador Atenco dejaron en libertad a las personas que mantenían en calidad de "invitados".
El gobierno anunció que realizaría una serie de mesas de diálogo con los campesinos. Durante unos días se discutió cuál sería el sitio más apropiado para el diálogo. Las pláticas al final se llevaron a cabo en las instalaciones del Archivo General de la Nación, al que los ejidatarios asistieron cargando un ataúd en recuerdo de un campesino que murió en un hospital después de sufrir golpes graves en el enfrentamiento de Acolman.14
El gobierno finalmente derogó las órdenes de expropiación y canceló el proyecto de construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco, declarando que esta decisión respondía a su vocación "negociadora". Ante la cancelación del proyecto, los campesinos de Atenco anunciaron que su lucha no había terminando y que realizarían nuevas movilizaciones para ayudar a "compañeros" campesinos en otras regiones.
Análisis del caso
Al ver el polvo salitroso en el que no
crece nada, al mirar el agua enturbiada por
la sal que sale de los pozos, y los dos
cerros, Tepetzingo y Huatepec, sin vegetación,
uno no puede sino preguntarse qué es
lo que defienden. Un pequeño pueblo
polvoroso combate al Estado de las inversiones
millonarias sólo por una razón:
para ser tomados en cuenta.
Fabricio Mejía Madrid, Proceso (2002).
Los recursos utilizados en el movimiento de San Salvador Atenco son varios. Analicemos en primer lugar uno interno: sus líderes. Se trataba de individuos con experiencia previa en organización de acciones colectivas, con conocimientos para actos de resistencia civil y de guerrilla, así como contacto con diferentes grupos. Este es el caso de Ignacio del Valle, uno de los líderes más visibles. Anteriormente había dirigido la organización Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, que en 1995 ya habían cerrado carreteras. Por su parte, David Pájaro había estudiado "tácticas de resistencia" en la Universidad de Chapingo (Lajous, 2003). América del Valle (hija de Ignacio del Valle) había sido una de las integrantes "ultras" del Consejo General de Huelga (CGH) en el conflicto universitario.
En cuanto a sus actos, la toma de rehenes, el bloqueo de carreteras y oficinas de gobierno son prácticas ya utilizadas en México. Lo que constituye un cambio es la reacción del Estado, que toleró el uso de la violencia a los manifestantes: tanto en el lenguaje de sus discursos, su reacción frente a la disidencia,15 el uso de armas (machetes), como una actitud beligerante contra los medios de información que se mostraran en desacuerdo con sus métodos o ideas.16 Es decir, no es que el movimiento estuviera conformado por actores especialmente violentos, sino que en su interacción con el Estado, éste le permitió manifestaciones cada vez más violentas. Esta escalada era impensable en años anteriores.
Uno de los repertorios más importantes para la movilización son los simbólicos. En el caso de Atenco, el más significativo fue el uso de sus machetes en sus manifestaciones. Portarlos nombraba: 1) Su condición de campesinos, quienes, al igual que en otras partes del país, siguen utilizando los mismos instrumentos para cultivar; 2) Un desafío hacia el Estado, pues portarlos demostraba que estaban dispuestos a enfrentar violentamente a la policía; 3) Su condición de hombres y mujeres trabajadoras que se han cansado de la falta de respuesta. Todo esto constituye una imagen atrayente.
Dado que la organización que encabezaba el movimiento de Atenco tenía escasos recursos tanto materiales como humanos, las acciones violentas eran una buena opción. En términos organizacionales, las acciones violentas significan un menor esfuerzo, pues para llevarlas a cabo no es necesaria una gran planeación; únicamente se requiere contar con pequeños grupos dispuestos. Otra ventaja de este tipo de actos es que, a diferencia de la negociación y el lobbying, producen resultados inmediatos y no piden contar con propuestas perfectamente elaboradas; basta con proclamas generales y fácilmente entendibles.
Por otro lado, como lo proponen Tilly y Tarrow, los repertorios de confrontación no se construyen de forma aislada sino en la interacción. En el caso analizado, el gobierno trató, como una de sus estrategias iniciales, de llevar a cabo toda la negociación con las autoridades municipales y ejidales, desconociendo de facto a cualquier otra organización. Esto provocó una reacción, en este caso violenta, de parte de los grupos excluidos.
El liderazgo del movimiento se fue transformando. Al entrar en una lógica de confrontación, se dieron dos procesos: 1) Una concentración de la toma de decisiones, explicable en parte por sus ventajas en capacidad de reacción y control frente a los tiempos más largos que implica un debate abierto de las tácticas a seguir; y 2) La radicalización de las posturas y una mayor intolerancia frente a la disidencia. Esto, posiblemente, fue provocado por la situación de aislamiento inicial del grupo central tanto dentro de la comunidad como frente al gobierno.
El movimiento de Atenco pidió que se realizara un diálogo público con la presencia de los medios: esta petición retoma lo propuesto por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y el CGH en 2001. El propósito de llevar a cabo de esta forma la negociación es nulificar la capacidad del gobierno para establecer acuerdos con alguna de las partes del movimiento, lo cual debilita su capacidad de respuesta. Al mismo tiempo que implica un desconocimiento sobre la capacidad de los sistemas de representación (partidos, gobiernos estatales y locales) para ser instancias de resolución de sus problemas (Zolov, 2002). Podemos ver que la petición de un diálogo siempre ha sido usada no sólo como una fórmula para resolver los motivos que dieron origen al conflicto, sino también como un recurso táctico.
El movimiento contra el aeropuerto se encontró con una estructura de oportunidades favorable por las siguientes razones: 1) La apertura del acceso a la participación: el movimiento logró un espacio importante en los medios de comunicación que no fue censurado; gran parte de su notoriedad se dio por su capacidad de construir símbolos "rentables" para la televisión, como los machetes y los enfrentamientos con la policía; 2) Los cambios en los alineamientos del gobierno: la alternancia en los gobiernos ha significado no sólo una diferencia de visiones de cómo deben ser tratados los movimientos sociales, sino una parálisis en las respuestas gubernamentales buscando no tener costos políticos por "reprimir" alguna forma de manifestación; 3) La disponibilidad de aliados influyentes: existían muchos sectores que compartían, por distintas razones, la intención de impedir la construcción del aeropuerto: el gobierno del Distrito Federal, el Gobierno del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Consejo General de Huelga y el Frente Francisco Villa, entre otros; 4) Las divisiones entre las elites y en el seno de las mismas: el gobierno federal no realizó una negociación política suficiente, con el congreso, los gobiernos estatales involucrados y grupos empresariales que se verían afectados por la obra. Esto tuvo como resultado que su actuación no tuviera un frente único.
Por otro lado, la "fuerza del Estado", entendida como la capacidad para atraer a los actores colectivos hacia el sistema político, se encontraba en plena recomposición. Uno de sus instrumentos para ello, la represión, había sido descartado por los actuales operadores políticos sin que existiera una opción clara para sustituirla. El movimiento de Atenco usó este momento de cambio para "probar" al nuevo gobierno.
Conclusión
El sistema presidencial mexicano contó hasta el año 2000 con una serie de mecanismos tanto legales como metalegales para la resolución de conflictos. La cooptación y la represión eran dos grupos de "técnicas" con que los diferentes niveles de gobierno negociaban con los grupos de la sociedad. Con la entrada de una nueva elite que no cuenta con las redes, la práctica ni el conocimiento para aplicar las anteriores formas de negociación o de resolución de conflictos, el sistema presidencial se queda sin recursos para resolver conflictos. Al no existir una transformación hacia procedimientos democráticos se crea un vacío entre el sistema político y diferentes grupos de la sociedad. Este espacio es llenado por algunas de las organizaciones sociales con el uso de la violencia.
En el caso de Atenco, el Estado mostró una reacción lenta a las acciones del movimiento, permitiendo de facto que la violencia se convirtiera en un recurso efectivo de las organizaciones civiles para presionar para el logro de sus objetivos El ejemplo ha sido rápidamente imitado: el 10 de diciembre de 2002, grupos de barzonistas y de maestros irrumpieron en las instalaciones del Congreso mexicano y trataron de entrar por la fuerza al salón central de sesiones. En respuesta a la destrucción y la irrupción violenta, el Estado instaló mesas de negociación.
Desde el movimiento estudiantil del CGH es claro un cambio en la manera en que se justifica el uso de la violencia contra el Estado. El razonamiento detrás es el siguiente: las instancias legales o los canales creados para la resolución de conflictos no funcionan con la imparcialidad y rapidez necesaria. Por lo tanto, las acciones de fuerza son el modo de obligar a realizar una negociación.
Acciones violentas como el cierre de avenidas, la quema de automóviles o el secuestro de personas implican afectar derechos o patrimonios de terceros. Su uso en un Estado de derecho implica la aplicación de sanciones legales, pero en este caso, son calculadas como "rentables", pues atraen rápidamente la atención y las acciones jurídicas pueden ser posteriormente negociadas.
Por otra parte, recurrir a la fuerza pública se ha transformado en un recurso para la acción colectiva: el grupo que sufre de represión gana legitimidad como "víctima" de un abuso; demuestra lo ""justo" del movimiento. Al buscar el Estado un beneficio particular y no el de toda la población, la "represión" representaría terminar con cualquier intento de defensa de los intereses "auténticos" del pueblo.
Por último, la utilización de conductas de protesta que se colocan en los bordes o fuera de la legalidad sirve para dos propósitos: 1) por un lado permite "probar" cuáles son los límites hasta dónde el Estado admitirá actos que violen la ley; 2) en caso de sufrir las consecuencias del uso de la fuerza pública o de alguna otra forma de represión utilizarla como una "prueba" de lo correcto de su postura frente a la intransigencia del gobierno.
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1 Una controversia constitucional es un recurso legal, con el que una instancia de gobierno o un grupo de ciudadanos puede pedir una revisión de una decisión legal promovida por una autoridad, cuando se considera que contradice los derechos estipulados en la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decide la procedencia o no de la queja.
2 Pedro Cerisola, al responder una pregunta de un legislador durante su comparecencia para explicar el proyecto del aeropuerto ante la Cámara de Senadores, afirmó que no había problemas ambientales graves, pues hasta "las aves deciden y tienen opinión... y decidieron que pueden convivir perfectamente con los aviones" (La jornada, 2001, y Milenio Diario, 2001).
3 En una declaración pública, el 4 de noviembre de 2001, el presidente Vicente Fox dijo que los campesinos de Atenco "se sacaron la lotería" con la decisión del nuevo aeropuerto (La Jornada, 12 de julio, 2002).
4 La Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), manifestó su repudio a la expropiación de ejidos para la construcción del nuevo aeropuerto en el ex lago de Texcoco. La declaración fue avalada por las representaciones comunales y tradicionales de Milpa Alta y sus pueblos; de San Gregorio Atlapulco, San Francisco Tlalnepantla y San Mateo Xalpa, de la delegación Xochimilco; San Miguel y Santo Tomás Ajusco, delegación Tlalpan;San Nicolás Totolapan, delegación Magdalena Contreras; San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, todas del Distrito Federal, y San Pedro Atlapulco, Estado de México ( Rooas, 2001).
5 Instrumento de trabajo común para muchos campesinos en México.
6 El CGH fue un movimiento estudiantil que se desarrolló dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el 2001.
7 Según testimonio de los mismos campesinos, durante su regreso a Atenco fueron escoltados por patrullas del Estado de México. La policía no buscó intervenir por temor de que algunos de los secuestrados resultaran lastimados (Lajous, 2003).
8 Uno de los prisioneros, el guardia Marcelino Rocha fue llevado a la entrada del pueblo en la carretera Texcoco-Lechería. En ese lugar, le colocaron una soga en el cuello, lo semidesnudaron y lo obligaron a reproducir un mensaje frente a las cámaras de televisión: "Les pido que liberen a los campesinos, porque la gente está muy enojada y dispuesta a todo" (Lajous, 2003).
9 En varios medios de comunicación, se comenzó a hablar de la presencia de gente de la UNAM que participaron en el reciente movimiento estudiantil, pertenecientes al área más radical del mismo. Poco después fue nombrada vocera del movimiento la hija de uno de los líderes campesinos, que había sido una de las líderes, a su vez, del área "ultra" en la universidad.
10 Durante los días que duró la toma del pueblo, los campesinos seleccionaban a los medios a los que permitían cubrir sus declaraciones y contra grupos como Televisa había un fuerte rechazo de parte de la dirigencia. Televisa denunció en una ocasión el maltrato a uno de sus reporteros, quien fue agredido físicamente e intentaron despojarlo de su equipo. Existía una restricción a poder circular por el pueblo para los medios de comunicación.
11 El CGH había realizado un bloqueo en la avenida Insurgentes sur el día 11 de julio por la tarde, en solidaridad con la situación de los campesinos de Atenco.
12 "Este movimiento tuvo un gran respaldo, producto primero de la atrocidad y la barbarie que se quería cometer en contra de los ejidatarios, posteriormente por la insensibilidad y la falta de capacidad del gobierno mexicano para resolver en su oportunidad de manera adecuada el problema, es decir, hacer lo que hizo pero sin criminalizar y reprimir el descontento y tratar de resolverlo mediante la aplicación de la 'ley' haciendo de los agredidos los agresores. Se fue organizando y construyendo con la participación de las organizaciones solidarias un frente nacional en los hechos, en el que la demanda era la misma, en donde las demás organizaciones giraban en torno a las definiciones de los ejidatarios, no hubo voceros quienes hablaran y negociaran por ellos, los propios ejidatarios fueron construyendo sus formas de organización y determinaciones, como un ejercicio real de democracia participativa." Rebelión, órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario y del Ejército Popular Revolucionario, 30 de agosto de 2002.
13 "El 'desarrollo económico' impulsado por el gobierno foxista no es el de los pueblos y los ejidatarios, sino el de la oligarquía y la burguesía a la cual le generaría millones y millones de pesos por el sólo hecho de la construcción de dicho aeropuerto, eso sin contar con las ganancias de pasaje, el tráfico de mercancías para la importación y exportación, el cual por supuesto no era para los ejidatarios [...] Era obvio que se trataba de un proyecto neoliberal, que se planteaba bajo el falaz argumento de desarrollo y progreso para el país, la imposición de los intereses oligárquicos a los pueblos pobres de ese lugar. Por ello el desarrollo que impulsaba Fox era exclusivamente para la oligarquía y la burguesía, para el pueblo representaba el saqueo, la explotación y el olvido, sólo basta recordar que se les pretendía indemnizar con un irrisorio precio de siete pesos el metro cuadrado..." Rebelión, Órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario y del Ejército Popular Revolucionario, 30 de agosto de 2002.
14 Oficialmente el campesino no murió por los golpes de los policías, sino por complicaciones propias de una persona anémica.
15 Algunos de los integrantes del movimiento de Atenco llegaron a amenazar públicamente a los dirigentes de otros ejidos que se encontraban en diálogo con el gobierno. Uno de sus líderes, David Pájaro declaró: "Les decimos a todos los que nos traicionan, a los que se reúnen en lo oscurito: los tenemos detectados y no nos van a quitar de enfrente [...] Al que prestó su casa por allá. Le vamos a rajar la madre" (Lajous, 2003).
16 En medio de un discurso, David Pájaro, al darse cuenta de que un periodista tomaba nota cuestionó al informador si contaba con permiso para hacerlo. El periodista se identificó y una mujer le arrebató su credencial y las notas que tomaba a petición del líder. Pájaro anunció que se iba a comer el papel y lo hizo. Fue necesaria la intervención de Ignacio del Valle para que el incidente no pasara a mayores (Lajous, 2003).